El Gobierno tiene ante sí un último gran desafío -o una gran oportunidad, según cómo lo planteen- antes de enfrentarse a las urnas el próximo 23 de julio: aprobar un nuevo decreto 'antiguerra'. Es decir, un paquete que contenga ayudas económicas para empresas y ciudadanos vista la situación inflacionaria en la que ha derivado el conflicto de Ucrania y Rusia. El Ejecutivo se encuentra ya inmerso en el diseño de otro decreto, que deberá llegar antes de que finalice este mes -cuando caduca el que está vigente- y que deberá ser convalidado por la diputación permanente del Congreso de los Diputados en plena pugna electoral, algo que desde el ala socialista de la coalición esperan que no afecte a su aprobación.

"Quiero pensar que contaremos con un apoyo unánime", afirmó ayer Nadia Calviño, vicepresidenta primera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La positividad de quien también ocupa el Ministerio de Asuntos Económicos se sustenta en la convalidación de los últimos dos decretos, que no han contado con grandes pugnas parlamentarias. El último -que recibió el visto bueno del Congreso en enero- solo obtuvo siete votos en contra, ya que PP y Vox decidieron abstenerse, como también ERC y Ciudadanos. Asimismo, los ‘populares’ ya habían facilitado la aprobación del anterior al incluir la rebaja del IVA de la luz, una de sus exigencias. 

En cambio, el Ejecutivo sí tuvo que sudar la camiseta para que no decayera el primero, en cuya votación fueron claves los cinco diputados de EH Bildu, que dieron el ‘sí’ para que el Gobierno alcanzase la mayoría absoluta frente a los 172 ‘noes’ de las derechas y los republicanos catalanes. Consciente de ello, el presidente Pedro Sánchez aseguró en el último pleno a los 'abertzales' que traería nuevas medidas y que esperaba "poder contar" con su apoyo, algo que ahora podría estar en duda por el posible coste electoral que tendría un acuerdo entre los dos partidos. Sobre todo, por parte de los socialistas.

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Respecto a entonces, la novedad reside en el órgano que debe convalidar el decreto. Lo hará el Congreso de los Diputados, sí, pero no todo el pleno. Desde que Sánchez pulsase el botón del adelanto electoral, las cámaras legislativas quedaron disueltas. No así el Gobierno, que no estará en funciones hasta que se celebren los comicios. La potestad del Ejecutivo, pues, sigue siendo total para aprobar el decreto-ley. La novedad es que una vez que se apruebe, quien tendrá un mes para convalidarlo será la diputación permanente, un órgano "de naturaleza especial que se reúne para velar los poderes de la Cámra cuando ésta ha quedado disuelta". Está formada por 68 diputados, de los que el Gobierno de coalición cuenta con 30 (23 de PSOE y 7 de Unidas Podemos). El PP tiene 17; Vox, 10; ERC, 3; 2 tienen Ciudadanos, el grupo plural y el grupo mixto; y tanto PNV como Bildu cuentan con uno cada uno.

Las medidas, en el aire

Donde no fue tan profusa Calviño fue en la respuesta a la pregunta sobre qué medidas pensaban prorrogar y cuáles dejar caer. “Estamos analizando todas las medidas que hemos ido tomando”, lanzó ante la prensa. En Moncloa, aseguró que la respuesta del Ejecutivo a las consecuencias de la guerra ha funcionado “porque España ha podido rebajar la inflación, se está moderando la subyacente y los precios de los alimentos”. “No hay ninguna decisión tomada”, insistió antes de repetir los efectos positivos de la forma de trabajar del Gobierno, que ha ido decidiendo cada seis meses “cuáles tiene sentido prorrogar y cuáles no”.

Con todo, esta ya fue la forma de actuar del Gobierno en el tercer paquete, aprobado en el último Consejo de Ministros del año pasado. Entonces, se movilizaron 10.000 millones de euros y como medidas estrella se propuso el cheque de 200 euros a familias cuyos ingresos no superasen los 27.000 euros y la rebaja del IVA de los alimentos básicos. En dicho decreto, el Ejecutivo mantuvo algunas medidas (se prorrogó, por ejemplo, la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables) y eliminó otras (como la ayuda de 20 céntimos por cada litro de carburante, aunque la mantuvo para los sectores especializados).