Blackstone llega a un acuerdo con una de las inquilinas demandadas: aplazar el contrato hasta diciembre y mantener la cuota anterior

Concentración frente al Juzgado de Primera Instancia de Alcorcón para protestar contra las subidas de alquiler que quiere imponer Blackstone a más de 40 familias
María Palop antes del juicio arropada por el resto de inquilinos demandados por Blackstone por rebelarse contra la subida "abusiva" del alquiler
EFE
Concentración frente al Juzgado de Primera Instancia de Alcorcón para protestar contra las subidas de alquiler que quiere imponer Blackstone a más de 40 familias

Los Juzgados de Primera Instancia de Alcorcón han sido el escenario donde se ha producido el primer juicio de Blackstone contra una de las más de 40 inquilinas demandadas por haberse rebelado contra las subidas del alquiler. Durante el juicio, ambas partes han llegado a un acuerdo. La compañía norteamericana va a retirar la demanda interpuesta contra esta mujer y aplazará el contrato de arrendamiento hasta final de año

De esta manera, María Palop, la inquilina demandada, podrá seguir viviendo en el inmueble hasta final de año en "las mismas condiciones" que recogía el contrato antes de que expirase. Esto se traduce en que seguirá pagando durante los próximos seis meses un alquiler de 640 euros al mes y no los 800 que la compañía le pedía para su renovación. Una vez que finalice el plazo, esta mujer tendrá que dejar la vivienda. 

Aunque en un principio la compañía ha establecido el periodo de seis meses con el objetivo de llegar a otro acuerdo para establecer el nuevo precio de arrendamiento, María Palop ha declinado la oferta. "Hemos decidido que nos vamos y necesitamos ese tiempo para encontrar otra alternativa", explica.

El conflicto entre María Palop y la socimi de Blackstone Testa surgió hace un año, justo cuando el contrato de alquiler finalizaba. Fue ese el momento en el que la compañía ofreció a la inquilina una renovación del contrato, aunque con una subida del precio del 30%, según explica esta mujer. Según indica, el arrendamiento no solo pasaría de 640 a 800 euros, sino que también estaría incluido el IBI y la comunidad.

Sin embargo, desde Testa defienden que "las condiciones de alquiler ofrecidas cumplen escrupulosamente con la legalidad y se encuentran dentro del ratio de esfuerzo del 35%".

Frente a esta situación, esta mujer decidió contactar con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, quienes recomendaron seguir la estrategia 'Nos quedamos'. Consiste en no firmar el nuevo contrato y seguir viviendo en el piso pagando el arrendamiento anterior. Frente a esta situación, Testa decidió demandar a María Palop alegando que el contrato ya había finalizado. 

Sin embargo, con la mediación de la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de este municipio de por medio, ambas partes han logrado acordar su salida diferida de la vivienda. Todavía no la han firmado, aunque "ya ha quedado todo dicho ante el juez", explica María Palop.

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