La UE acelera para cerrar un pacto migratorio común en plena presidencia española del Consejo

"La migración es una cuestión compleja. Debe tenerse en cuenta la seguridad de las personas que buscan protección internacional o una vida mejor, así como las preocupaciones de los países que temen que las presiones migratorias superen sus capacidades". Esta definición la hace la Comisión Europea sobre uno de los grandes deberes que la UE todavía tiene sin hacer: un pacto migratorio común. Es una cuestión que lleva años en el cajón y que cuando se quiso desempolvar generó más polémicas y errores que otra cosa. Ahora, a un año de las elecciones europeas, ya se ha convertido en un asunto a solucionar. Sí o sí.

La potestad para alcanzar el acuerdo reside en los Estados miembros, que siguen divididos en bloques como pasó en 2015, con el modelo de cuotas que se quiso aplicar ante la llegada de refugiados por la guerra de Siria. Aquella gestión fue negativa para la imagen de la UE y uno de los objetivos es que no se repita la historia. Así, desde el inicio de la legislatura -ya antes de la llegada de la pandemia y de la guerra en Ucrania- Bruselas puso sobre la mesa una base sobre la que negociar, pero ahora la urgencia ha aumentado, sobre todo a raíz de la invasión rusa de Ucrania, con un volumen de refugiados sin precedentes.

Esa idea se basa en cuatro principios. Pasa por un nuevo control obligatorio previo a la entrada para establecer el estatuto de manera rápida a la llegada: este paso incluye la identificación, controles sanitarios, controles de seguridad y una toma de impresiones dactilares y registro en la base de datos Eurodac. Por otro lado la Comisión propone un nuevo procedimiento fronterizo de asilo más rápido. "Cuando proceda, seguido de un procedimiento de retorno rápido, para acelerar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia de los procedimientos de asilo", expresa Bruselas.

Además, pide mejorar el sistema de gestión de la migración y las fronteras con una más completa base de datos Eurodac, "que contribuye a la lucha contra la migración irregular". La Comisión insta a centrarse en los solicitantes en lugar de en la solicitud para determinar la responsabilidad de las solicitudes de asilo. En este sentido, incluye una prohibición de los movimientos no autorizados a otros Estados miembros y favorecer la reubicación y mejora del seguimiento de los retornados. A esto habría que añadir un seguimiento del apoyo a la salida voluntaria y la reintegración, según el modelo de la Comisión.

Bruselas habla también de una "garantía legal" con un mecanismo de supervisión independiente para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, respaldado por la Agencia de los Derechos Fundamentales, Frontex y la nueva Agencia de Asilo de la UE, y una evaluación individual de las solicitudes de asilo y garantías esenciales para proteger el acceso al asilo, el derecho a la libertad, los derechos de la infancia y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Los 27 no aceptan -o al menos no del todo- este camino, pero ya han iniciado conversaciones para adaptarlo a las necesidades de todos. Tal como cuenta El País, la UE plantea imponer un pago de hasta 22.000 euros por refugiado a los países que rechacen acogerlos, aunque estos Estados miembros podrán aportar solidaridad de otras maneras como puede ser el apoyo logístico para los traslados. Bruselas ve el asunto como una responsabilidad compartida, algo con lo que no se cumplió en el año 2015.

"Con un acuerdo todos ganamos, incluidos los migrantes, porque cuando trabajamos juntos también podemos acoger migrantes y refugiados de manera más ordenada y sin arriesgar sus vidas", explicó la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, que descarta las reubicaciones obligatorias. ¿Por qué? Porque la división es clara: los Estados fronterizos como España o Italia asumen el mayor volumen mientras que otros como Hungría o Polonia son reacios a este sistema, tal como se vio en el pasado.

Cuando trabajamos juntos también podemos acoger migrantes y refugiados de manera más ordenada y sin arriesgar sus vidas

El pacto de migración y asilo, con todo, es una de las grandes prioridades de la UE a corto y medio plazo, sobre todo pensando en clave elecciones europeas de 2024. "Sería muy positivo que se alcanzase un acuerdo" antes del paso por las urnas, reconocen fuentes consultadas por 20minutos, que a la vez asumen que es un tema con el que la Unión "va bastante tarde". Pero mejor tarde que nunca. ¿Y qué dice España? Asume el reto para su presidencia rotatoria del Consejo, que arranca el 1 de julio.

"Quiero dejar clara una idea: culminar el pacto de migración y asilo es, como Gobierno español y como futura presidencia, una prioridad. Ha llegado el momento de ser audaces, de dar un paso al frente, de ser generosos y lograr el consenso entre posturas diferentes", sostuvo ya el pasado mes de marzo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Gobierno quiere que el acuerdo sea "justo y equilibrado" y ha reclamado para ello a los estados miembros "amplitud de miras" y "generosidad" para "lograr el consenso entre posturas diferentes".

La Unión Europea, repiten en Bruselas, tiene que seguir completándose, y para ello el pacto migratorio es condición sine qua non. Así lo ven sin duda desde el Parlamento Europeo. Siempre va a haber que avanzar porque siempre hay cambios. "Hay que avanzar en la política fiscal, en la política exterior, en las políticas de seguridad y defensa, hay que aprobar una política de migración legal que todavía no existe. Todo eso hay que hacerlo, pero seguramente cuando lo hayamos acabado ya habrá nuevos retos o cosas que mejorar", resumió el portavoz y director de comunicación de la Eurocámara, Jaume Duch. Quedan, por tanto, deberes por hacer para sacar buena nota en la legislatura.