El Supremo zanja el debate: las claves que han puesto fin a ocho meses de polémica por el 'solo sí es sí'

Nacida de los gritos de las feministas en las calles tras la sentencia de La Manada, la ley de garantía integral de la libertad sexual ha venido cargada de polémicas y debates desde el momento en el que aterrizó en primera vuelta en el Consejo de Ministros. Hace ya tres años que el Gobierno presentaba un anteproyecto de ley con el que aspiraba a impulsar un cambio en el paradigma del consentimiento, las agresiones sexuales y sus procedimientos judiciales. Primero estuvo el choque entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y los exministros socialistas Carmen Calvo y Juan Carlos Campo por el redactado de la norma. Luego vino el debate en las Cortes, donde varios grupos expresaron su rechazo a una ley, pero no fue hasta su entrada en vigor cuando realmente pasó a ser un asunto en el foco del debate público. Durante días, semanas y meses. Hasta este miércoles.

Nadie previó, o al menos no lo dijo en voz alta, que la reforma del Código Penal para ensanchar la horquilla de penas al unificar en uno lo que antes eran dos delitos (abuso y agresión sexual) desembocaría en una sangría de rebajas de condenas a delincuentes sexuales. Se habló de las penas máximas, se habló incluso de la presunción de inocencia y de contratos para mantener relaciones sexuales por la nueva definición del consentimiento que recoge la norma (en positivo, y no en negativo). Pero el Ejecutivo no sospechó que una de las leyes estrella de su legislatura acabaría siendo el origen de una de las mayores crisis entre los socios de la coalición. 

Desde que entró en vigor la bautizada como ley del 'solo sí es sí' en octubre de 2022, se han reducido más de un millar de condenas, se ha presenciado un cruce de reproches entre el ala socialista y el ala morada del Gobierno, se han pedido dimisiones y se ha acabado reformando la ley para acabar con la temida "alarma social". Ocho meses en los que el debate se ha centrado en si la norma —redactada por Igualdad y Justicia— estaba bien elaborada, en si podrían haber evitado las revisiones de penas y en si la culpa era del Ejecutivo o de los "jueces machistas". Una discusión que finalmente ha zanjado el Supremo este miércoles al unificar doctrina: las audiencias provinciales que están acordando rebajas de penas lo están haciendo conforme a la ley. 

¿Qué dice el Supremo?

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) se reunió durante un pleno monográfico celebrado entre el martes y el miércoles para acordar una respuesta definitiva a las revisiones de condena a los agresores sexuales tras la entrada en vigor del 'sí es sí'. El punto de discordia residía entre dos puntos del Código Penal: uno, el de retroactividad que establece que siempre se deberá aplicar a un condenado la ley que le sea más favorable; y otro la disposición transitoria quinta de la ley de 1995 que dice que si la pena inicial entra dentro de la nueva horquilla, se mantendrá el castigo. 

Pero la decisión acordada casi por unanimidad por los 15 magistrados ha sido clara: la retroactividad debe primar siempre, sobre todo si al condenado se le impuso entonces la pena mínima y esta ha bajado con la nueva normativa. Es decir, si, por ejemplo, a un agresor se le condenó antes del 'sí es sí' con una pena de seis años de prisión (que era entonces el mínimo para las agresiones con penetración), como en la nueva ley ese mínimo ha bajado a los cuatro años, sí que procedería una atenuación de condena a ese nuevo marco. Así se ha decidido tras rechazar los recursos de casación de sentencias firmes que tanto la Fiscalía como la defensa de los condenados habían presentado ante el alto tribunal. 

¿Qué implica la decisión del alto tribunal?

El Supremo es el encargado de fijar criterio, esto es, evitar interpretaciones jurídicas contrarias entre los tribunales inferiores, como es el caso de las rebajas, ya que hay algunos jueces que sí que han aceptado atenuaciones, mientras otros no. Según informan fuentes jurídicas, el hecho de que en el pleno se haya decidido rechazar los recursos de la Fiscalía y, por ende, su postura, supone en cierta parte validar la reforma impulsada por el PSOE en abril de este año, la cual modificó las horquillas de penas recuperando la violencia y la intimidación como subtipos agravados. 

Reafirma también la idea, dicen las mismas fuentes, de que si se hubiese añadido una disposición transitoria específica en la ley inicial, se hubiesen frenado muchas de las rebajas de condenas a agresores. Algo que los socios de la coalición ya abordaron en un primer intento de enmendar los "efectos indeseados", cuando en la reforma del delito de sedición aprovecharon que se modificaba de nuevo el Código Penal para introducir en su exposición de motivos el derecho transitorio específico. Pero, como ya se advirtió entonces, la exposición de motivos carece de validez jurídica.

¿Y el Gobierno?

Como ha sido habitual en los últimos meses en torno a esta ley, la respuesta de los dos grupos que conforman el Gobierno a la decisión del Supremo ha sido muy distinta. La titular de Igualdad, Irene Montero (de Unidas Podemos), ve en el aval de los magistrados a las rebajas "una mala noticia", porque supone el rechazo del "criterio unánime de la Fiscalía respecto a la vigencia del derecho transitorio". Los socialistas, sin embargo, quitan hierro al asunto porque aseguran que es algo que ya atajaron al impulsar su reforma, aprobada este abril: "Había un problema y se solucionó. El PSOE propuso la solución", comentan fuentes de Moncloa. 

¿Qué defiende la Fiscalía?

La Fiscalía General del Estado apuntaló su criterio en una circular remitida en marzo por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a todos los fiscales del país. En ella se insistió en no revisar las condenas si la pena que se impuso antes de la ley del Ministerio de Igualdad cabe dentro de las nuevas horquillas penales. El Ministerio Público estableció que se revisaran las sentencias "excepcionalmente", y siempre y cuando se manifiesten "resultados manifiestamente desproporcionados", aunque siempre "huyendo de automatismos" y teniendo en cuenta los nuevos agravantes introducidos en la ley.

¿Cuántas penas se han rebajado ya?

Lo dirimido este miércoles en el Supremo son sentencias firmes, pero el goteo de rebajas empezó nada más entrar en vigor la ley el pasado octubre. Desde entonces, y según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a 1 de mayo, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y las audiencias provinciales han rebajado ya la condena a al menos 1.079 delincuentes sexuales, lo que ha supuesto la excarcelación de al menos 108 presos.