Pasan los años, le cambian el nombre (PAU, PAEG, EVAU…), pero al final todos nos entendemos cuando hablamos de la selectividad, los exámenes que en junio abren la puerta a la universidad, cuya nota promedia un 40% con la obtenida en el bachillerato, y permite al alumno elegir estudios superiores y facultad. 

Desde hace tiempo, la selectividad está cuestionada, no tanto porque no tenga que haber una prueba que evalúe los conocimientos adquiridos en el bachillerato, aunque siempre hay quien pide eliminarla por antipedagógica, como por las desigualdades que genera entre comunidades autónomas. En 2018, un alumno leonés reunió 200.000 firmas en redes solicitando la misma prueba e idénticos criterios de corrección en toda España, pues las disparidades territoriales provocan injusticias en el momento de elegir carrera y centro universitario. Dos años antes, un detallado informe de la profesora Cristina Rueda demostraba que los estudiantes de Castilla y León se veían particularmente perjudicados y tenían la mitad de las opciones de acceder, por ejemplo, a una plaza de Medicina que quienes se presentaron a la selectividad en Canarias, Murcia o Extremadura.

Las disparidades territoriales provocan injusticias en el momento de elegir carrera y centro universitario

Por desgracia no existe ningún estudio que compare sistemáticamente, año tras año, las pruebas que se llevan a cabo en las autonomías. Hay una clara dejación de funciones por parte del Ministerio de Educación, que no se atreve a cuestionar lo que hacen las comunidades. Un ejemplo clarísimo de desigualdad en la evaluación es lengua castellana, donde no se miden los mismos conocimientos, ni se puntúa los errores de la misma forma. 

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Un informe elaborado por el docente Iván Teruel para la entidad Escuela de Todos, asociación que defiende el bilingüismo en aquellas autonomías con lengua diferente del castellano, denuncia la enorme disparidad de criterios, tanto en los contenidos como en el momento de puntuar las faltas de ortografía. Esto último es particularmente sangrante. Así, por ejemplo, un alumno que obtuviera un 7 de nota en contenidos antes de la corrección lingüística, pero hubiera cometido 5 errores, en algunos territorios no sería penalizado o muy poco (Baleares, Cataluña o Galicia), en otros se le rebajaría la nota hasta un 5 (Castilla y León, Comunidad Valenciana y Madrid), mientras en otras autonomías quedaría por debajo del aprobado o directamente suspendería la prueba (Murcia, Castilla La Mancha y Extremadura). Y ello no es una anécdota, pues elegir carrera o facultad depende muchas veces de unas pocas décimas en la nota global.

No se evalúa el mismo dominio del castellano ni se puntúa igual, lo cual es solo un reflejo de los disimiles que son los exámenes de la selectividad entre comunidades

En definitiva, no se evalúa el mismo dominio del castellano ni se puntúa igual, lo cual es solo un reflejo de los disimiles que son los exámenes de la selectividad entre comunidades. Y de ahí la necesidad de armonizar las pruebas. Tal vez no sea posible llevar a cabo el mismo examen en toda España, y el mismo día, pues para ello habría que unificar además los calendarios de las pruebas y de las matriculaciones a la universidad. Pero, por lo menos, desde el Ministerio de Educación se debería garantizar que se están evaluando los mismos conocimientos y se corrige con idénticos criterios. El Gobierno que salga de las elecciones de julio debería afrontar de una vez un problema que afecta al principio de equidad, genera agravios territoriales, y cuestiona la calidad del sistema educativo.