Además del próximo 23 de julio, cuando se celebrarán las elecciones generales, hay otra fecha marcada en rojo en el calendario del Gobierno: el 30 de junio. Ese día decae el último decreto 'antiguerra', que contiene diferentes ayudas para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, que ya acumula un año y medio de duración. El Ejecutivo se encuentra inmerso en la preparación del siguiente paquete. Habrá algunas ayudas que se prorroguen y otras que decaigan, aunque ninguno de los ministerios implicados ha dado pistas sobre cuáles seguirán y cuáles no. La respuesta oficial es que siguen estudiando los efectos y que, en base a ello, decidirán.

Una de las principales medidas que podría decaer es el fin de la prórroga automática de los alquileres que finalizaran su duración entre el 1 de enero y el 30 de este mes, lo que amenaza con provocar miles de "desahucios invisibles" -sí llegará a final de año la prohibición del corte de suministros esenciales-. Pero no solo. En el decreto que fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez hay otras medidas cuya vigencia está a punto de expirar. 

Es el caso de la bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos de primera necesidad. La reducción fue del 4% al 0% en productos como el pan, la leche, el queso, los huevos, las frutas o las verduras, las legumbres y los cereales; y del 10% al 5% para aceites y pasta. Una medida que ha logrado que los precios de los alimentos hayan comenzado a moderarse ahora. Asimismo y en caso de que el Ejecutivo decida dejarlas caer, también terminará la rebaja del IVA del 21% al 5% en el recibo de gas natural o la suspensión del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

El fin de la prórroga de los alquileres amenaza con provocar miles de "desahucios invisibles"

Otra de las grandes medidas que contuvo el paquete aprobado hace casi seis meses fue la rebaja del transporte público. La medida la hizo permanente el Ejecutivo al incluirla en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, pero solo en el caso de los transportes de titularidad estatal. Es decir, Cercanías o Renfe. En lo referido a los transportes autonómicos o locales, como puede ser el metro o los autobuses, la reducción a la mitad de su precio -cofinanciado entre el Estado y las comunidades-, sí termina a final de este mes. En el ámbito laboral, también podría dejar de ser causa objetiva de un despido el aumento de costes energéticos para empresas que se hayan beneficiado de alguna ayuda o los ERTE de las empresas afectadas por el volcán de La Palma.

Entra en juego la Diputación Permanente

El enigma que envuelve los trabajos del Gobierno tiene los días contados, pero de momento sigue siendo eso: un misterio. Preguntada hasta en dos ocasiones el pasado martes, la vicepresidenta primera Nadia Calviño rehusó concretar qué medidas seguirían en vigor. O si añadirían nuevas. "No hay ninguna decisión tomada", dijo antes de hablar sobre los efectos positivos de la forma de trabajar del Gobierno, que ha ido decidiendo cada seis meses "cuáles tiene sentido prorrogar y cuáles no". "Estamos analizando todas las medidas que hemos ido tomando", insistió la también ministra de Asuntos Económicos.

El Gobierno confía en que las elecciones del 23-J no interfieran en la aprobación del nuevo decreto 'antiguerra'

Lo que sí aclaró Calviño es que, al estar las cámaras legislativas disueltas por el adelanto electoral, el decreto que apruebe el Consejo de Ministros, que no estará en funciones hasta la celebración de los comicios, lo deberá convalidar la Diputación Permanente. Se trata de un órgano "de naturaleza especial que se reúne para velar los poderes de la Cámara cuando ésta ha quedado disuelta". Está formada por 68 diputados, de los que el Gobierno de coalición cuenta con 30 (23 de PSOE y 7 de Unidas Podemos). El PP tiene 17; Vox, 10; ERC, 3; 2 tienen Ciudadanos, el grupo plural y el grupo mixto; y tanto PNV como Bildu cuentan con uno cada uno. "Quiero pensar que contaremos con un apoyo unánime", apuntó.