Los miembros del comité de empresa de los funcionarios de Justicia finalizaron este viernes el encierro que iniciaron el pasado martes en el Ministerio que dirige Pilar Llop, pero mantienen la huelga indefinida que comenzó el 22 de mayo. 

Tras intentar para forzar una negociación, la situación sigue atascada y, mientras, cientos de procedimientos y trámites judiciales continúan aplazándose, generando que muchos ciudadanos estén sufriendo las consecuencias de esta huelga.

Entre ellas, órdenes de alejamiento que tardan en llegar, ante lo cual las víctimas se sienten desamparadas. "Creo que todas las mujeres estamos desamparadas por culpa del retraso en las acciones judiciales", confiesa una afectada.

Los divorcios y separaciones caen un 10% en el primer trimestre por la huelga de letrados de la Administración de Justicia

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT subrayan que sus reivindicaciones de mejoras salariales y laborales continúan. Denuncian a Llop por bloquear la negociación en el conflicto de Justicia y acusan al Ministerio de mostrar "su cara más antisindical, degradante y antidemocrática" al no haber retomado el diálogo tras este encierro de casi tres días.

Así, los sindicatos han presentado este viernes un escrito en la Fiscalía del Tribunal Supremo para que investigue si la ministra y el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, han cometido alguna ilegalidad por bloquear la negociación del conflicto.

Desde el 17 de abril, 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia están llamados a la huelga para reivindicar mejoras retributivas y de condiciones de trabajo en línea de las acordadas con letrados de la administración de Justicia, jueces y fiscales.