Anticorrupción archiva las denuncias contra Carabante por el contrato para soterrar la A-5

Caso cerrado. La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las denuncias contra el Ayuntamiento de Madrid por el proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste (soterramiento de la A-5) y la adjudicación de un contrato para la supervisión de proyectos de Calle 30.

El Ministerio Público considera, según ha comparte el Consistorio en una nota, que las denuncias presentadas por el ex candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor y la concejala del Grupo Mixto en Cibeles Marta Higueras "carecen de elementos objetivos indiciarios que justifiquen una investigación penal" y establece que no cabe "recurso alguno". 

La corporación local ha recibido este lunes la copia del Decreto, de 5 de junio, de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada donde archiva los dos escritos que vinculaban a Subterra Ingeniería, empresa especializada en ingeniería geotécnica y obras subterráneas, en la que trabaja como jefe de Delineación el hermano de Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad en funciones. Área que  adjudicó los dos contratos "con la abstención del responsable del ramo, tal y como establece la Ley, sin que el mismo participe en el proceso de contratación", como recoge el comunicado municipal.

Reaccionando a la noticia, el propio Carabante, hombre de confianza de Almeida, ha señalado que la decisión de Anticorrupción demuestra lo que "ya" dijeron "en su día", "que la izquierda quería embarrar la gestión municipal únicamente por motivos electoralistas, en definitiva montar un circo político que les beneficiase". Según ha añadido, los denunciantes "sabían desde el minuto uno que iban a archivar sus denuncias" y pese a ello "no dudaron en hacer un uso torpe e inmoral de la justicia". 

Los denunciantes alegaban, en febrero, que se había producido un delito de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, delito de cohecho y de asociación ilícita.

En lo que atañe a la acusación de delito de prevaricación administrativa, la fiscal manifiesta que no consta en el expediente de contratación "y tampoco se han aportado elementos mínimos indiciarios que permitan valorar que el contrato" (...) "sea una resolución arbitraria" como recoge el Código Penal. Respecto al delito de tráfico de influencias señala que "no resulta acreditado, ni mínimamente indiciario, en el presente caso".

Y en este mismo sentido se pronuncia la fiscal sobre el delito de cohecho sin que exista "solicitud o recepción de dádivas", del que dice que no podido concluirse de "la mera relación de parentesco entre el concejal delegado del área y un familiar, empleado de una empresa licitadora". "Para la concurrencia de este tipo penal es necesaria la existencia de una solicitud o recepción de un favor, o retribución, lo que no se acredita".

Por último, en lo concerniente a la acusación de delito de asociación ilícita, Anticorrupción redacta que de los hechos descritos en la denuncia "no se puede concluir que la pluralidad de personas denunciadas se haya concertado para un fin delictivo".

Al margen de asuntos judiciales, las obras para enterrar el tráfico de la A5 siguen pendientes de que el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno central den otro paso adelante, habida cuenta de que el alcalde ya ha culminado su parte, redactando el proyecto cuyo contenido sigue siendo un misterio. El proyecto se llevará a cabo, en todo caso, de la mano de la  Operación Campamento, megaplan urbanístico que aspira a construir 12.000 viviendas en los más de 8 millones de metros cuadrados que anidan el sudoeste de la ciudad.