La reciente controversia entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid por la aprobación de la ley autonómica 1/23 que, supuestamente, obliga a las personas con discapacidad a tener autorización judicial para recibir la ayuda a morir, vuelve a abrir el debate entre la necesidad de protección y el respeto de su voluntad y preferencias.
Para empezar, se nos plantean dos grandes cuestiones, ¿cómo podemos conocer esa voluntad y preferencias? y, ¿existe algún límite a su cumplimiento? Sobre todo, quiero que tengamos en mente aquellos casos en los que la persona con discapacidad no se encuentra en una situación ideal en la que cuenta con una familia bien avenida, que le cuida, ampara y vela también por desarrollar su autonomía.
En primer lugar, y aunque pueda parecer evidente, siempre hay que preguntarle a la persona con discapacidad. Una persona con inteligencia límite puede tener alguna dificultad para el manejo del dinero, pero tener clarísimo dónde desea vivir, qué actividades realizar, quién quiere que le preste los apoyos, y manifestarlo así ante notario, sin necesidad de acudir siquiera a un procedimiento judicial. En supuestos algo más complejos, se hace uso de profesionales, como neuropsicólogos en casos de parálisis cerebral.
Si la persona ya no pueda manifestar esa voluntad, siempre nos allana el camino el hecho de que haya sido previsora y, ante la posibilidad de tener algún tipo de discapacidad sobrevenida (por un ictus, demencia, senil, etc.), haya hecho uso de las herramientas notariales que existen, dejando plasmada de forma anticipada esa voluntad y preferencias. Incluido en este punto la ya citada ayuda para morir. El problema es que son pocos los casos en los que se da esta actitud previsora, pues parece que abordar el tema es de "mal fario".
Pero, como ya anticipaba, ¿es inamovible el cumplimiento de esta voluntad? ¿Cómo nos manejamos en aquellos casos en los que existe una clara situación de vulnerabilidad?
No es una cuestión sencilla ni hay una solución unívoca, ya que excede, en la mayoría de los casos, lo meramente jurídico y entran en debate cuestiones éticas
Frente al que podríamos llamar "derecho" a equivocarnos a la hora de tomar una decisión, a todos (familiares, abogados, jueces…) nos vuelve el ramalazo paternalista y proteccionista cuando está involucrada una persona con discapacidad. Sobre todo, en supuestos en los que la persona no es consciente de su enfermedad mental o de una determinada situación de vulnerabilidad. Imaginemos un caso de síndrome de Diógenes en el que la persona se niega a cualquier tipo de apoyo.
Entiendo, como ya ha tenido ocasión de manifestar nuestro más alto Tribunal, que no aplicar en esos casos algún tipo de limitación o apoyo supondría "una crueldad social, abandonar a su desgracia a quien por efecto directo de un trastorno (mental) no es consciente del proceso de degradación que sufre". En otras palabras, hay que tomar como referencia la dignidad de la persona.
Por último, si enfocamos el problema desde el punto de vista del consentimiento para la eutanasia, llegamos a la misma conclusión. Para que exista una verdadera voluntad es necesario comprender la información relevante para la decisión, retener esa información, utilizar o sopesar dicha información como parte del proceso de toma de decisiones y comunicar la decisión. En caso de que existan dudas sobre si el interesado llega a ser consciente de elementos esenciales para la decisión de recibir la ayuda a morir, la decisión sobre esta cuestión concreta debería suplirse a través de una actuación de un tribunal, basada en un interés objetivo.
No es una cuestión sencilla ni hay una solución unívoca, ya que excede, en la mayoría de los casos, lo meramente jurídico y entran en debate cuestiones éticas y, ante todo, de una asistencia social que carece de los medios económicos y personales adecuados para dar alternativas a la hora de plantear unas correctas medidas de apoyo.
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