La Interventora del Ayuntamiento de Sitges advirtió de supuestos contratos fraccionados durante 4 años seguidos por 330.000 euros
La Interventora del Ayuntamiento de Sitges (Barcelona) advirtió cuatro años consecutivos de un posible fraccionamiento de los contratos adjudicados a la asociación Taula del Tercer Sector de Sitges, que entre 2018 y 2021 recibió cerca de 330.000 euros por trabajos de jardinería y limpieza de playas.
Así consta en un informe de control sobre contratación menor y posibles fraccionamientos contractuales entre los años 2018 y 2021, al que ha tenido acceso EFE, que se presentó en el pleno del Ayuntamiento en abril de 2022 y fue elaborado por una interventora municipal que, precisamente, abandonó el cargo unos días después.
Las subvenciones adjudicadas por el Ayuntamiento a la cooperativa Taula del Tercer Sector entre los años 2017 y 2022 están bajo sospecha en la investigación por presunta corrupción que tiene abierta un juzgado de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y que este miércoles motivó la detención de la alcaldesa de Sitges, la republicana Aurora Carbonell, y otras once personas.
Carbonell fue detenida por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la (UDEF) de la Policía Nacional y quedó en libertad tras varias horas en la comisaría de La Verneda, donde se acogió a su derecho a no declarar, a la espera de que la cite la jueza instructora, han explicado a EFE fuentes jurídicas.
La operación, que se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de subvenciones otorgadas a la cooperativa de Sitges y posible fraccionamiento de contratos, deriva de un atestado de la Policía Nacional que, en parte, se basa en un informe de la Intervención sobre las cuentas del consistorio.
De hecho, el informe que fiscaliza los años 2018 a 2021 advierte de que en los cuatro ejercicios hubo un posible fraccionamiento de los contratos adjudicados a la cooperativa, que cobraba 45.000 al año en virtud de un convenio firmado con el Ayuntamiento de Sitges y, por otro lado, entre 20.000 y 40.000 por distintas labores de mantenimiento de jardines o limpieza de playas y de los lavabos instalados en las mismas.
Por el importe de los contratos y por tratarse de "prestaciones de carácter recurrente", considera la Interventora que esos servicios deberían haber sido objeto de un proceso de licitación mediante un procedimiento abierto.
El informe no incluye el convenio firmado con la cooperativa al valorar el posible fraccionamiento de contratos, pero recomienda "analizar si el gasto obligado se corresponde efectivamente con una subvención o si se trata de una prestación de servicios susceptible de ser objeto de licitación".
"Recomendar la realización de un control financiero sobre el convenio para poder concluir a tal efecto", añade el informe de la Intervención General.
En concreto, en 2018 la Taula del Tercer Sector de Sitges recibió 98.996 euros, 48.950 de ellos por el convenio y el resto por varios contratos de como máximo 18.000 euros, el límite que prevé la ley para considerarlos menores.
En 2019, cobró 60.736 euros, de los que 45.000 correspondían al convenio y el resto a contratos menores, en 2020 un total de 80.480 (45.000 de convenio y contratos menores) y en 2021 un total de 88.347 (45.000 del convenio más los contratos menores).
El informe identifica también contratos con la asociación en los que "las prestaciones, de carácter recurrente y por los mismos servicios", las efectúan personas físicas, con el riesgo de que la relación con los mismos "pudiera acabar calificándose como de relación laboral".
También avisa la Intervención de que en los contratos menores adjudicados por el consistorio en el período analizado "no figura el informe jurídico de la secretaria municipal", pese a que la Generalitat establece que es preceptivo ese documento o al menos una nota de conformidad.