El Gobierno ha decidido dejar fuera del nuevo decreto de medidas anticrisis la prórroga automática de todos los contratos de alquiler. Así lo trasladaban fuentes gubernamentales este martes y lo ha confirmado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No obstante, el nuevo decreto para mitigar las consecuencias de la guerra —el séptimo paquete de ayudas que aprueba el Ejecutivo desde 2020— sí ampliará la prohibición de desahuciar a vulnerables hasta final de año, otra de las medidas que vencía este viernes y cuya prórroga estaba en el aire.

Con el decreto anterior, todos los contratos de alquiler que finalizaran entre el 28 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de 2023 se ampliaban automáticamente durante seis meses adicionales, manteniéndose en los términos originales. De esta forma, los inquilinos quedaban blindados antes "aumentos abusivos de los precios del alquiler", tal y como reconocía la redacción original del decreto. Las prórrogas automáticas ya habían estado vigentes entre marzo de 2020 y febrero de 2022 para evitar situaciones de desprotección durante los meses más duros de la pandemia.

La vicepresidenta ha justificado la supresión de las prórrogas en que la recientemente aprobada ley de vivienda ya incluye la posibilidad de alargar los contratos durante un año en casos de vulnerabilidad. Además, ha señalado que dicha norma no permite subir los alquileres por encima del 2% en 2023 y del 3% en 2024. Una limitación que, conviene recordar, solo se aplica a los contratos vigentes. 

De esta manera, si el arrendador decide no prorrogar el contrato de un inquilino que vence a partir del próximo 1 de julio, este se expone a dos situaciones posibles. La primera es que el casero le ofrezca firmar un nuevo contrato en el que el precio del alquiler no estaría sujeto a ninguna limitación de subida. En caso contrario, el arrendatario tendría que abandonar la vivienda y salir de nuevo a buscar al mercado, en el que la fijación de los precios es libre. 

La única limitación de precios posibles en estos casos se daría si el inquilino reside en una zona de mercado tensionada. Sin embargo, la competencia para declarar una zona de tensión es de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, algo que limita muchísimo el alcance de esta medida. Tras las elecciones del pasado 28 de mayo, la mayoría de gobiernos autonómicos han quedado en manos del PP, que ya ha manifestado que no aplicará esta norma en las comunidades a su cargo.

El fin de la prórroga de los alquileres amenaza con provocar miles de "desahucios invisibles"

En todo caso, es importante recordar que los contratos de alquiler para vivienda que se firman se prorrogan obligatoriamente cada año hasta un máximo de cinco (siete si el propietario es gran tenedor), así viene recogido en el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. La única excepción que evita esta prórroga automática es que el propietario haya especificado en la firma del contrato su intención de ocupar o ceder a un familiar esa vivienda en el transcurso de cinco años.

En lo relativo a los desahucios, Calviño ha justificado la decisión de mantener la prohibición de desahuciar hasta final de año en que las comunidades autónomas todavía no han tenido tiempo de poner en marcha mecanismos de mediación y de alternativa habitacional, tal y como se exige en la ley de vivienda. En este sentido, conviene recordar que la norma introduce requisitos más exigentes para desahuciar, como la elaboración de un informe que acredite si hay vulnerabilidad o la obligación de que las administraciones faciliten una alternativa habitacional en estos casos.

Fuerte rechazo en el socio de coalición

La decisión de acabar con las prórrogas automáticas en los alquileres no ha gustado nada al socio morado de la coalición en el gobierno, que estuvo presionando para mantener esta medida en el decreto hasta última hora del lunes, según explicó la propia vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata a la presidencia por Sumar, Yolanda Díaz. 

La portavoz de vivienda de Sumar, Alejandra Jacinto, ha expresado este martes su malestar con el final de las prórrogas. Para Jacinto se trata de "una decisión que causará estragos en miles de personas que viven de alquiler". "Indignante es poco", ha señalado Jacinto, que ha señalado que "era una medida que permitía que los inquilinos no sufrieran subidas abusivas y, por tanto, elegir entre asumir la subida o irse". "No hay justificación para no prorrogar la medida, salvo proteger al rentismo", ha añadido.

En este sentido, la vicepresidenta Calviño ha dicho "ignorar estas críticas" y ha acusado veladamente a los morados de "querer generar incertidumbre o desasosiego" pese a que el Gobierno ha reforzado muy significativamente todo el marco de protección de los inquilinos.