Este miércoles, en el primer día del juicio al exconseller de Interior Miquel Buch por presuntamente fichar como asesor a un sargento de los Mossos para que, en realidad, siguiera ejerciendo de escolta del expresidente Carles Puigdemont tras su huida de España, el entonces director de la División de Investigación Criminal (DIC) del cuerpo policial, Toni Rodríguez, ha avalado esta tesis.
La Fiscalía pide condenar a Buch a seis años de prisión y 27 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, y al supuesto guardaespalda, Lluís Escolà, a cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación como cooperador necesario.
Rodríguez, que ahora es jefe de la comisaría de Rubí y se encargó de dirigir el trabajo para investigar a Escolà, ha afirmado en el juicio en la Audiencia de Barcelona que, aunque no encontraron irregularidades formales en su nombramiento como asesor, no hay casi ninguna constancia objetiva de que realizara ese trabajo.
“Escolà era muy prolífico en redes sociales y más cuando pasó a ser asesor. Fotografiaba dónde estaba, hacía proclamas independentistas, proclamaba que era escolta en activo y que estaba protegiendo al expresidente del Govern. Además, tenía todas las redes abiertas”, ha recordado.
Rodríguez ha afirmado que Escolà, que fue designado asesor en sistemas de seguridad en julio de 2018, no tenía formación para ese cargo, por lo que los informes que hacía eran de poca calidad.
También ha dicho que cree que, tras el 155 que cesó a Puigdemont, siguió escoltando al expresidente -al que ya había protegido durante su mandato- y que hasta marzo de 2019 viajó a menudo con él. Según Rodríguez, los dos tenían "una gran relación, muy cercana". "Es de suponer y es objetivo que Escolà, como tiene gran afinidad ideológica con las posturas independentistas y así lo había manifestado públicamente en Twitter, establezca esta relación de confianza con Puigdemont", ha añadido.
Junts, ERC y PDeCAT arropan a Buch
Dirigentes de Junts, ERC y el PDeCAT han arropado a las puertas de la Audiencia de Barcelonal a Buch, que ha llegado a las 9.45 horas acompañado por su familia y ha sido recibido con aplausos por parte de las 80 personas presentes, sobre todo políticos y medios de comunicación.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha encabezado la delegación del partido que ha acompañado al exconseller, en la que también han estado la presidenta de la formación, Laura Borràs; la candidata a las generales, Míriam Nogueras; el secretario general adjunto, David Saldoni, y el exsenador Josep Lluís Cleries.
Turull ha recordado que es el "sexto juicio" al cual se enfrenta Buch y ha reclamado una "reflexión" al conjunto del independentismo ante la "rejudicialización". Ha denunciado que el Estado, "allá donde no puede llegar con las urnas, llega con las togas".
Por parte de ERC, han acudido la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; la número dos de la candidatura al Congreso, Teresa Jordà; la vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Antirepresiva, Marta Vilaret, y el presidente de la federación regional de Barcelona, Gerard Gómez del Moral.
Desde el PDeCAT, ha asistido el secretario de Organización y diputado en el Congreso, Genís Boadella.
La versión de la Fiscalía
El sargento Escolà -cuya defensa la ejercen Isabel Elbal y Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont- estaba asignado en 2017 a la unidad de Presidencia del Área de Escoltas de los Mossos d'Esquadra, donde ejercía como "jefe operativo" y coordinaba y planificaba la seguridad de la actividad pública y privada del entonces presidente catalán.
Según la Fiscalía, tras la aplicación del 155, el 27 de octubre de 2017, acudió al domicilio particular de Puigdemont y le ayudó a huir de España, sin comunicarlo a sus superiores jerárquicos.
Pese a que el sargento no ejecutó "un solo día" de servicio activo entre el 30 de octubre de 2017 y el 20 de julio de 2018, ya que encadenó fiestas y una baja, señala la Fiscalía, realizó "numerosas" salidas al extranjero, "al objeto de prestar labores de custodia y seguridad" para Puigdemont, a requerimiento del mismo y en aras a la relación de "mutua confianza" que mantenían.
Después de la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat -lo que puso fin a la etapa del 155-, Puigdemont pidió el 22 de junio de 2018 al Govern que le concedieran las prerrogativas que corresponden a los expresidentes, entre otras la prestación de los "servicios de seguridad necesarios" para realizar sus funciones.
Finalmente, según la Fiscalía, el 20 de julio de 2018, a propuesta del exconseller Buch, se creó una nueva plaza de asesor de libre designación en materia de seguridad en la consellería, "cargo específicamente programado para que fuera ocupado" por Escolà, que fue nombrado el 25 de julio, tras lo cual el sargento, que permanecía de baja desde el 12 de marzo, presentó su alta médica.
La Fiscalía considera que la designación de Escolà como asesor constituyó un acto de "mera arbitrariedad", motivado por la "exclusiva voluntad" del exconseller de procurar, desde el Govern y con cargo a los fondos públicos, "un servicio de 'escolta' permanente" para Puigdemont.
También sostiene que el sargento "aparentó" la elaboración de estudios e informes como asesor, aunque todos versan sobre una "miscelánea de temas absolutamente variada y dispar", desde el terrorismo en Europa al uso de las nuevas tecnologías, "plagados de generalidades" y con material "fácilmente" obtenible en internet, al contener información de "carácter básico".
El viernes declarará Puigdemont
El juicio seguirá con pruebas testificales hasta el viernes, cuando está prevista la declaración de Puigdemont como testigo por videoconferencia; después, se retomará el jueves 13 de julio con los interrogatorios de los acusados y terminará el viernes 14 tras los informes finales, han explicado a Europa Press fuentes jurídicas.
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