El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el decreto aprobado por el Gobierno el pasado martes que prorroga gran parte de las ayudas para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Pero no solo, sino que el articulado incluye otras tantas medidas que nada tienen que ver y que son, algunas de ellas, promesas electorales del presidente Pedro Sánchez en la campaña electoral de las municipales y autonómicas. De esta forma, Moncloa hace oídos sordos a lo dicho por el Tribunal Constitucional, que ya ha advertido en alguna ocasión contra los denominados decretos ómnibus -habituales, también, en otros grados de la Administración, como los gobiernos autonómicos-.

El tribunal de garantías ya ha advertido en diferentes ocasiones de su criterio en contra de esta forma de actuar. Pasó, por ejemplo, cuando tumbó el real decreto que situaba al exvicepresidente Pablo Iglesias en la comisión de seguimiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El presidente Sánchez aprovechó para nombrarle en un decreto con medidas para frenar la propagación del coronavirus. El Constitucional admitió el recurso de Vox y consideró dos cosas. Una, que no se apreciaba que la medida fuera de "extraordinaria y urgente necesidad" -obligatorio al haberse aprobado en un decreto ley- y otra, que no existía una relación entre las medidas para abordar la crisis del coronavirus que se incluían en el decreto ley y la incorporación de ambos en el CNI.

Rebaja del IVA, descuento del transporte público...: El Gobierno destina otros 9.000 millones para financiar ayudas 'antiguerra'

El decreto, que moviliza 8.900 millones de euros, mantiene la rebaja del IVA de los alimentos básicos y las ayudas al transporte público. También, el descuento del carburante -10 céntimos hasta septiembre y cinco, hasta diciembre- para transportistas, agricultores y ganaderos, y la congelación del tope al precio de la bombona de butano. Sin embargo, también se incluyen medidas que no están relacionadas -no, al menos, directamente- con la guerra de Ucrania. Es el caso de la desgravación en el Impuesto de la Renta para personas físicas (IRPF) de hasta el 15% para la compra de vehículos eléctricos hasta diciembre del 2025 o los principales permisos del proyecto de la ley de familias, que había caído tras disolverse las Cortes con el adelanto electoral.

De igual manera ocurre con el derecho del olvido oncológico, una promesa de Sánchez en la campaña electoral de las municipales y autonómicas y que trata de que no se tengan en cuenta los antecedentes oncológicos a la hora de contratar productos y servicios; la creación de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros; o el blindaje del sector del taxi como "servicio público", creando nuevas vías para limitar a Uber y a Cabify.

Con este decreto, además, el Gobierno se facilita convalidar de golpe todas las medidas. Lo hará la Diputación Permanente al estar el Congreso de los Diputados disuelto. De hecho, la ministra portavoz Isabel Rodríguez justificó el llamado 'decreto ómnibus' por la "situación excepcional" derivada de la "convocatoria electoral". Además, aseguró que en algunos casos era necesario "prorrogar las medidas", en otros para "evitar sanciones por no trasponer directivas europeas" -el caso de los permisos paternos- y, en otros, "porque son compromisos vinculados" a una adenda presentada ante la Comisión Europea. "Procede, como se ha analizado jurídicamente por parte del Gobierno, hacerlo de este modo", concluyó Rodríguez.