Ha sido la noticia de este jueves. El Tribunal Supremo (TS) anulaba la condena a Ahmed Tommouhi, un hombre que estuvo 15 años preso por dos agresiones sexuales en la década de los 90 y al que confundieron con un violador real de Barcelona con el que tenía un gran parecido físico.
El caso de Tommouhi, que antes de su exoneración ya había denunciado su situación en varios medios de comunicación, no es el único. Según datos del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el año 2022 se iniciaron un total de 673 expedientes de responsabilidad patrimonial por quejas de los ciudadanos, de los cuales hasta 105 fueron por errores judiciales. De esos casi 700 recursos, 84 fueron resueltos en contra de la Administración y 66 a favor, es decir, solo se procesaron y llevaron a término 150 de los casi 700.
Pero dentro de estas aperturas de expedientes, los motivos son diversos. Según los datos publicados por el CGPJ, la mayoría de ellos se abren por funcionamiento anormal de los procedimientos, es decir, por retrasos en los mismos. Las prisiones preventivas que no tuvieron que darse son el segundo motivo de iniciar uno de estos expedientes y los errores judiciales son el tercero.
En este sentido, el Gobierno tuvo que pagar indemnizaciones por valor de 3.170.143 euros a perjudicados por el funcionamiento anormal de la Justicia o por errores judiciales y a personas absueltas tras pasar un tiempo en la cárcel de forma preventiva solo durante el año 2022. Del total del importe pagado en 2022, el Ministerio abonó 2,3 millones en indemnizaciones, mientras que los otros 840.000 euros restantes corrieron a cargo de los juzgados de los contencioso-administrativo.
Desde el año 2000, la apertura de expedientes se ha ido multiplicando, siendo el año 2017 el que batió récord, con 1.376. A partir de entonces las cifras han oscilado entre los 500 y 700. En total, en estos últimos 20 años, se han iniciado 13.849 recursos contra la Administración, casi 2.000 de ellos solo por errores judiciales.
Encarcelada por "matar" a su bebé
En este sentido, tras darse a conocer el caso del hombre de Barcelona, que ha podido demostrar que no era el verdadero violador por un informe de un resto de semen recuperado de la ropa interior de la víctima y que del que no se tenía constancia porque los peritos no fueron a declarar, han sido diversos los fallos de la Justicia en sentencias condenatorias que han saltado a la palestra.
En 2020 se daba a conocer el caso de una joven de Melilla de 19 años que fue encarcelada acusada de matar a su bebé recién nacido. Tras pasar casi un año en prisión con una condena de 17 años de homicidio, la mujer pudo demostrar que el bebé murió al nacer y se dictaminó que se había dado "una vulneración del derecho a la presunción de inocencia al no estar adecuadamente probado que la muerte del bebé se produjera por la conducta omisiva de la acusada".
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