Si ya en su momento fueron los senadores de Estados Unidos los que se declararon abiertamente swifties al estudiar si la empresa Ticketmaster había incumplido la Ley Antimonopolio en The Eras Tour, ahora parece que los políticos del mundo entero se ha vuelto fans de Taylor Swift porque en Brasil han presentado un proyecto de ley basado en los conciertos que allí va a dar la artista.

América Latina al completo está volcada en los conciertos que la autora de éxitos como Exile o Shake it off va a dar allí tras el parón veraniego, incluso con Gabriel Boric, presidente de Chile, escribiéndole una carta para que acuda al país vertical. Pero ha sido Brasil quien ha llevado los shows de Taylor a otro nivel persiguiendo los posibles fraudes por la reventa.

Swift tiene preparados cinco conciertos en el país en noviembre, dos en Río de Janeiro y tres en São Paulo, y en cuanto salieron a la venta las entradas la seguridad colapsó: a pesar de que había personas en la fila que llevaban días haciendo cola, se fueron con las manos vacías porque se agotaron en tan solo 40 minutos, con más de 2 millones de personas esperando.

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Una gran cantidad de fans han denunciado que recibieron amenazas por parte de revendedores que intentaban saltarse la fila y, aunque los agentes de protección al consumidor sacaron del lugar a unos 30 revendedores —y al menos diez fueron arrestados—, muchos ya consideran imposible conseguir entradas por los cauces legales.

Puesto que, aunque la reventa de entradas ya es un delito tipificado en Brasil, una congresista brasileña ha presentado un proyecto de ley para aumentar las sanciones por la reventa y cuyo nombre popular es la de 'Ley Taylor Swift'. 

Simone Marquetto, miembro de la Cámara de Diputados de Brasil y que representa a São Paulo, ha presentado este proyecto de ley que tendría mayores consecuencias para quienes intenten revender su entrada, con  penas de hasta cuatro años de prisión y multas de hasta 100 veces el precio original del ticket —lo cual en este caso supondría unos 600.000 reales, alrededor de los 115.000 euros—.

"Tengo una niña de 11 años en casa, y esto es de lo único que hablan en la escuela. He recibido muchas solicitudes para hacer algo y he decidido presentar este proyecto de ley", le ha dicho al diario brasileño Estadão. Más tarde, en sus redes sociales, ha asegurado que había obtenido las firmas necesarias para acelerar su proyecto de ley y que lo iba a presentar conjuntamente con la secretaria nacional de protección al consumidor.

"La explotación de la población brasileña por parte de los llamados 'revendedores' en eventos con una gran afluencia de público es pública y notoria. La actividad de estos 'revendedores' priva a los menos afortunados [de conseguir sus entradas], impidiéndoles asistir al espectáculo deseado, y constituye un verdadero delito contra la economía pública", ha declarado.