Episodio clave para el futuro de Puigdemont: la justicia europea se pronuncia el miércoles sobre su inmunidad parlamentaria

Otro momento clave para el futuro de Carles Puigdemont. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) emite este miércoles la sentencia sobre su inmunidad, con decisiones también que influyen en el devenir de los exconsejeros de la Generalitat Clara Ponsatí y Toni Comín, que como el expresident son ahora eurodiputados. El TGUE de hecho tiene previsto emitir dos sentencias diferentes: una sobre la ya mencionada inmunidad y otra referente a la posición del Parlamento Europeo de no defender a los tres implicados en este caso.

La decisión, de todos modos, no es definitiva, puesto que si no le fuera favorable a Puigdemont le cabría todavía recurso ante el TJUE, que ya optó en su momento por mantenerle la inmunidad de forma cautelar, en contra de la posición del juez Pablo Llarena. Un levantamiento de la misma tendría efectos directos en caso de que el expresidente de la Generalitat pisase territorio español. Es más, si le fuera favorable la postura del TGUE, podría sopesar un regreso a Cataluña.

Adrián Vázquez, secretario general de Ciudadanos, eurodiputado y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, explica a 20minutos que ahora "hay que esperar a ver cuál es la sentencia, porque de uno u otro lado se va a recurrir". Además, el resumen que hace Vázquez es directo: "Hemos llegado hasta aquí porque Sánchez lo permitió, no poniendo una queja ante el TJUE en su momento cuando se les dio el acta de manera ilícita". En el otro lado, la Eurocámara mantiene la calma. "Nosotros en el Parlamento estamos muy tranquilos, hemos hecho las cosas bien y respetando el procedimiento", sostiene el eurodiputado que, repite, prefiere "esperar" para ver cómo avanza el asunto en los próximos meses.

El objetivo de su defensa es que la decisión sobre su inmunidad no se dé por parte de la justicia belga hasta el año 2026, entre recursos y decisiones judiciales varias. Lo que sí juega en contra de Puigdemont es que el TJUE, pese a la cautelar, ya avisó hace unos meses sobre su entrega que un Estado miembro de la UE -en este caso Bélgica- no puede rechazar una orden europea de detención y entrega (antes euroorden), ni dudar de la competencia del tribunal que reclama a la persona, en este caso el Tribunal Supremo. Solo lo puede hacer si las deficiencias que ve son "sistémicas", algo que no sucede en este caso.

En el escenario de que todas las sentencias le fueran esquivas, al expresidente catalán le quedaría la baza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podría tardar hasta dos años en pronunciarse sobre su situación, siempre y cuando además no se incluyan las cuestiones perjudiciales que pueda haber por el camino.

Carles Puigdemont reapareció hace ya unos días para declarar en el juicio contra el mosso Lluís Escolà, acusado de escoltarlo hasta Bélgica tras el 155. "Lo he visto sacrificar su vida privada incluso para poderme acompañar en momentos en que las autoridades españolas negligían en su deber de garantizar mi protección", sostuvo, antes de definir al implicado como "un patriota y un amigo" que merece, dice, "toda su confianza". Además, señaló directamente de nuevo al sistema: "Si está en este juicio es porque ha prestado un servicio muy grande al país, y por ninguna otra razón".

Con todo, Puigdemont tiene bastante claro cuál será su devenir. "No volveré esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente, lucharé por volver libre", aseguró tras conocerse que, con la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno de Sánchez, se le retiraba la acusación por sedición pero se le mantenía en cambio la de malversación agravada -que implica hasta 12 años de cárcel- y la de desobediencia.

El escenario por lo tanto ha cambiado y de hecho el entorno del expresidente catalán asegura que el suplicatorio que el Tribunal Supremo solicitó en 2020 ha perdido su validez porque Llarena lo pidió para seguir ejecutando una euroorden que retiró el pasado 12 de enero, cuando modificó los delitos por los que reclama a Puigdemont, Comín y Ponsatí, tras la reforma del código penal.