Este martes será el último día de huelga de funcionarios de Justicia, al menos hasta que se forme un nuevo gobierno, según han comunicado los sindicatos pertenecientes al Comité -CSIF, STAJ, CC OO y UGT-. La huelga, que se mantiene desde el pasado 22 de mayo, concluye sin ningún acuerdo para una subida salarial con los ministerios de Justicia y Hacienda. 

Sin embargo, los huelguistas advierten de que no ha acabado el conflicto: El día 7 de julio se producirán sentadas en los tribunales superiores de Justicia, habrá concentraciones en delegaciones de gobierno y "el nuevo gobierno" tendrá "un problema que resolver nada más llegar al cargo". Los días 11 y 20 de julio se celebrarán dos últimas jornadas de huelga. 

Según los datos que aporta el propio comité, la huelga ha producido la suspensión de casi 20 millones de actuaciones judiciales y dos millones de juicios a lo largo de 78 días en los que se han sucedido los desencuentros con la cartera de Pilar Llop. Los funcionarios, que sitúan a la ministra de Justicia y al Gobierno como los "únicos" responsables del perjuicio causado, no cesarán sus actos de boicot a la campaña del Ejecutivo. 

La última de estas intervenciones tuvo lugar el lunes cuando Pedro Sánchez salía del encuentro con el colegio de comisarios de la UE. Tras reunirse con estos representantes de Bruselas en Madrid, Sánchez fue recibido por una decena de funcionarios que le reprochaban su inacción en el conflicto: "Justicia parada, Sánchez no hace nada". 

"El Ministerio de Justicia está en clara descomposición, la cobarde actitud de sus máximos responsables así lo demuestra, ausente del grave conflicto abierto por su ineptitud el 28 de marzo, enrocado y a la defensiva sigue sin presentar propuesta alguna para abrir un proceso de negociación", han señalado los sindicatos en el comunicado de suspensión de la protesta.

Los funcionarios se han rendido ante la pasividad del equipo de Llop después de llevar a acabo un último intento de negociación hace cinco días. El pasado jueves, el comité de huelga remitió al Gobierno una propuesta de mediación para el conflicto, sin obtener respuesta alguna.

"Este Ministerio predica para los demás lo que no quiere para él mismo y no ha respondido a la propuesta de mediación planteada por el Comité de huelga hace cinco días insistiendo en su falta de respeto a los derechos laborales y sindicales", denuncia el comunicado en este sentido, recordando que la cartera de Pilar Llop "recibe millones de euros para sus programas de la Justicia pero no respeta el derecho de negociación colectiva". 

El escrito publicado este martes justifica la decisión de suspender la huelga en "la llegada del periodo estival de vacaciones", que según los sindicatos "ha ocasionado un lógico descenso en el seguimiento de la huelga indefinida". "A este descenso se une el agotamiento económico que supone una movilización de tan largo alcance, algo que ninguna familia ni ningún trabajador puede soportar indefinidamente", subrayan. 

Las protestas de los funcionarios de Justicia comenzaron a raíz de la subida salarial que el Ejecutivo pactó el 28 de marzo con los letrados de la Administración de Justicia, a los que concedieron aumentos de entre 430 y 450 euros mensuales. A esa concesión -que implica un desembolso de 22,7 millones de euros, se sumó el aumento salarial acordado con jueces y fiscales, que costará al Estado 46,7 millones. 

Los funcionarios, mucho más numerosos en la Administración de Justicia, pedían una subida retributiva de hasta 430 euros, pero que supondría un gasto total de 200 millones. El Gobierno no ha mostrado en ningún momento la disposición de conceder a estos trabajadores una subida salarial, a pesar de haberse reunido hasta en tres ocasiones con los representantes sindicales. 

Las negociaciones se rompieron definitivamente el seis de Junio, cuando el secretario de Estado Tontxu Rodríguez mantuvo el último encuentro con el comité de huelga en el Ministerio de Justicia. El único compromiso que trasladó Rodríguez, aseguran los funcionarios, fue retomar las conversaciones tras los comicios nacionales.

Mientras el incendio se apaga entre los funcionarios de Justicia, los letrados judiciales vuelven a protestar contra el Gobierno, que aún no ha materializado el aumento prometido a finales de marzo. El lunes se mantuvo la última reunión entre ambos, y Justicia anunció su "voluntad de concluir la tramitación" de las mejoras salariales. Sin embargo, denuncian los letrados, no hay garantías de que estas se produzcan en los plazos pactados.