El "control partidista" de las instituciones ha sido uno de los principales reproches que el PP ha lanzado contra Pedro Sánchez, de forma que, ahora que Alberto Núñez Feijóo ha expuesto sus planes en caso de llegar a la Moncloa, "garantizar la independencia de los organismos del Estado" aparece entre sus máximas prioridades. 

Este es precisamente el primer capítulo del programa presentado por los populares este martes, una continuación del 'Plan de Calidad Institucional' que publicaron al comienzo de 2023. Aseguran, entre otras cosas, que alejarán a los cargos políticos del Tribunal Constitucional y los organismos independientes del Estado (Airef, INE, CIS, Tribunal de Cuentas...). A ellos no podrán acceder en ningún caso individuos que hayan estado "vinculados políticamente" en los cinco años previos, según proponen en Génova. 

Igualmente, el PP pretende fortalecer la ley del Consejo de Estado y, tras cuatro años y medio de bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, emprender dos medidas: derogar la ley que impide al Consejo hacer nombramientos en funciones y cambiar el modelo de elección de sus vocales para que los doce jueces que lo conforman sean nombrados por la carrera judicial. 

A juicio de los populares, el Gobierno ha colonizado en los últimos años los organismos estatales sometiéndolos así a sus intereses partidistas, una actitud que menoscaba "la neutralidad de instituciones reguladoras que aseguran el equilibrio de poder y el buen servicio de la Administración. Para darle la vuelta a esta situación, proponen seis medidas. 

La primera es la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que tendría por objeto devolver al órgano de garantías el prestigio institucional, la excelencia profesional, la desvinculación política, la ejemplaridad de sus miembros y el rigor de sus resoluciones. Buscan con todo esto garantizar la eficacia e independencia del órgano. 

Se modificará también la ley del Consejo de Estado para que se articule reglamentariamente el mecanismo para solicitar informes a este órgano consultivo. En el PP quieren "potenciar su papel como máximo órgano consultivo" y "dotar de mayor transparencia y publicidad a sus decisiones". También en este órgano se modificará el sistema de nombramientos con el objetivo de "garantizar el prestigio profesional de sus miembros".

Según promete el programa de los populares, no podrán ocupar cargos directivos en los organismos independientes del Estado quienes hayan ocupado puestos políticos en los últimos cinco años. Quedan así vetados los cargos electos, miembros de los gobiernos autonómicos y del Ejecutivo nacional, los cargos orgánicos de partidos y organizaciones sindicales. El cargo que finalmente sea elegido deberá comparecer en el Congreso antes de su nombramiento. 

En el plan de independencia institucional viene recogida también la intención de promover "las actuaciones necesarias" para asegurar la independencia y objetividad de los medios de comunicación públicos, si bien no se concretan las medidas que se emprenderán a este respecto. "Estableceremos un régimen de información institucionalizado y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición", asegura Feijóo en su programa. 

Por último, el PP se propone aprobar una ley en materia de secretos oficiales que garantice "la protección de los intereses nacionales de una forma eficaz, adaptada a las nuevas tecnologías y a los avances en el tratamiento de la información". 

El cuarto capítulo del documento programático de Feijóo busca, por otro lado, "promover una Justicia a la altura de nuestros compromisos europeos". Entre los objetivos marcados en este área está el de "reforzar las garantías de independencia del Poder Judicial", aplicando las medidas comentadas previamente. Acto seguido, el PP señala la necesidad de revisar íntegramente el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para avanzar "decididamente en su autonomía". Los populares prometen dotar de capacidad presupuestaria a la Fiscalía y hacer más transparente la figura del Fiscal General del Estado, que pasaría a tener un mandato de cinco años.