Una chispa. Un mártir. Un niño de 17 años convertido en símbolo de la ira de una Francia que habitualmente no se ve, pero que existe. Hace una semana un agente de la Policía Nacional francesa acabó de un tiro en el pecho con la vida de Nahel, un joven de ascendencia argelina, tras saltarse un control. Ocurrió en Nanterre, una ciudad a las afueras de París de la llamada banlieue, la misma que vio nacer las revueltas estudiantiles de 1968.

El precario equilibrio de la sociedad francesa, siempre en peligro de desbordamiento, salta así por los aires una vez más. La muerte de Nahel ha disparado el apoyo popular de una amplia capa de la sociedad que siente que se trata del último paso en una cadena de violencia estructural y abusos institucionalizados contra los desarrapados de Francia: negros, árabes, pobres. Son ciudadanos con pasaporte, pero viven en un país que continuamente les grita que no pertenecen a él. No es que no quieran ser franceses, es que no les dejan. Denuncian una discriminación oficializada que condena a generaciones y generaciones a la humillación, la marginalidad y la pobreza.

En Francia existen barrios enteros en los que el Estado del bienestar se ha retirado cada vez más, donde lo poco que queda son las patrullas de las fuerzas del orden. Este abandono ha dado luz a una juventud huérfana, que solo ha conocido la República a través de la violencia. Además, a la falta de respuesta a sus problemas desde las Administraciones se añade la caricatura criminalizadora de la extrema derecha que los señala y los acosa.

Las zonas más pobres de las afueras de Marsella, Lyon o París viven estos días un doble trauma: el terremoto de furia que ha desatado la muerte de Nahel y la réplica de violencia injustificable que lo ha seguido. Los disturbios se han llevado por delante comercios, saqueado comisarías y quemado miles de coches en toda Francia. Ni las escuelas públicas sobreviven al paso de la marea furibunda que lo destroza todo, castigando de nuevo barrios como en el que vivía el chico muerto. Sea cual sea la excusa, lo cierto es que al final siempre sufren los mismos.

La respuesta de la clase política no ha sido, ni mucho menos, unánime. Los representantes del Estado condenan la violencia sin matices, pero en una semana el discurso oficial ha virado al tiempo que el foco de la opinión pública se desplazaba de la muerte del joven al estallido de violencia callejera: en pocos días, el presidente Macron pasó de calificar la actuación policial de "inexcusable" a visitar una comisaría para respaldar a los agentes. Marine Le Pen solo espera, callada, para recoger los frutos de la rabia.

Ante la aparición en redes sociales de una nota de prensa con el membrete del Ministerio del Interior francés anunciando cortes selectivos de acceso a Internet en algunos barrios para "asegurar la seguridad y tranquilidad públicas", un supuesto comunicado desmentido horas después como un bulo, lo que más preocupa es que la noticia resultaba creíble. Mientras, la colecta en favor del policía que asesinó a Nahel ha llegado a un millón de euros. Lo recaudado para la familia de la víctima no alcanza los 200.000.

Es tentador pensar que algo así solo puede pasar en Francia. Por su modelo de integración, por su pasado colonial no resuelto. La concepción estructural de la sociedad francesa y su gestión de la migración durante el siglo XX colocan los cimientos para el estallido de la desbordante contestación popular a los abusos policiales, teñida irreparablemente de violencia. Pero el racismo y la intolerancia son universales. La estigmatización y la segregación social y económica existen también en España. Quizás observar a nuestros vecinos pueda llevarnos a reflexionar sobre qué podemos hacer mejor para evitar alienar a los que se sienten abandonados también aquí y cuidar la convivencia. Para evitar las chispas.