Sumar ya tiene programa electoral. La formación que lidera Yolanda Díaz presentó este jueves, a pocas horas del inicio oficial de la campaña, un amplio documento de medidas entre las que se incluyen algunas de las ya conocidas, como la "herencia universal" de 20.000 euros para todos los ciudadanos que cumplan 18 años, la reducción de la jornada laboral o el bono de 1.000 euros para ayudar al pago de hipotecas de tipo variable, pero también otras que hasta ahora no se habían anunciado. Estas son algunas de las principales propuestas.

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  Ampliación de los permisos de maternidad y paternidad

  Entre esas medidas que no se habían anunciado hasta ahora pero que figurarán en el programa de Sumar se encuentra, por ejemplo, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad de los cuatro meses actuales hasta seis, de forma progresiva. "Además, se reformará la normativa para permitir que las seis semanas obligatorias del permiso por nacimiento y cuidado no sean forzosamente simultáneas para ambas personas progenitoras, y se les devolverá la capacidad de elegir cuándo usar las semanas de permiso voluntario", reza la propuesta.
  
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  Ayuda por hijo a cargo de 200 euros

  El programa electoral de Sumar también recoge el incremento de la ayuda por hijo a cargo hasta los 200 euros al mes, en lugar de los 100 que se ofrecen ahora mismo. Hasta ahora, la  deducción se podía percibir hasta que el menor cumpliera los tres años, pero Sumar quiere extender este derecho a todas las familias con miembros a cargo menores de 18 años.
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  Permiso laboral de diez semanas, no de ocho

  Sumar propone en su programa electoral modificar una medida aprobada por el Gobierno la semana pasada: el permiso laboral no remunerado de ocho semanas para los padres y madres de niños de hasta ocho años. La coalición que lidera Yolanda Díaz apuesta por que este permiso sea de diez semanas, no de ocho, y que los padres puedan disfrutarlo hasta que el menor cumpla los 12 años.
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  Reforma fiscal

  En materia fiscal Sumar propone las recetas clásicas de la izquierda: aumento de los impuestos a las rentas más altas para financiar programas de redistribución de la riqueza. El programa, por ejemplo, plantea elevar el IRPF a las rentas superiores a los 120.000 euros al año, así como convertir en permanente y elevar el tipo del impuesto a las grandes fortunas que puso en marcha el Gobierno hace unos meses y establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas. Sumar también apuesta por acabar con los "privilegios" fiscales de las sicav y las socimi y reformar la normativa del IBI para que los ayuntamientos puedan hacerlo progresivo.
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  Subida de las pensiones mínimas y no contributivas

  La coalición liderada por Díaz apuesta por mantener la subida de todas las pensiones con el IPC, como establece la ley desde la reforma impulsada por el Gobierno. Asimismo, Sumar propone subir las pensiones mínimas y las no contributivas por encima de la inflación progresivamente y "hasta que su cuantía alcance, al menos, el umbral de la pobreza".
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  Dos millones de pisos públicos en una década

  Una de las promesas más ambiciosas de Sumar es la de invertir el equivalente al 1% del PIB anualmente durante los próximos 10 años para crear dos millones de viviendas públicas, 200.000 al año. "A estos efectos utilizaremos toda la capacidad tanto de la Sareb como de la Entidad Pública Empresarial de Suelo", las dos principales entidades públicas propietarias de viviendas y terrenos, explica la coalición.
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  "Portabilidad" de las hipotecas

  ​Sumar propone aplicar el modelo de la portabilidad telefónica, por la cual un cliente puede cambiar fácilmente de una compañía a otra sin perder su número y sin coste, a las hipotecas, con el fin de promover el cambio de los créditos a tipo variable por otros a tipo fijo. Para ello, se obligaría a que las entidades de crédito publiquen en la CNMC sus ofertas de crédito hipotecario y los perfiles asociados para que cada cliente pueda decidir optar al que se ajuste mejor a sus carac- terísticas y posibilidades.
  
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  "Ley integral de trata", pero sin hablar de prostitución

  Sumar plantea en su programa poner en marcha una "ley integral contra la trata de personas que cubra todas y cada una de las distintas formas de trata, con especial atención a las que afectan desproporcionadamente a las mujeres y que constituyen formas de violencia machista". No obstante, la formación no se pronuncia sobre la abolición o regulación de la prostitución, un debate de larga tradición en el feminismo y que también afecta a la coalición, donde la postura es mayoritariamente abolicionista pero donde también hay dirigentes -especialmente procedentes de los comuns de Ada Colau- que son regulacionistas.
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  Un teléfono "para hombres en crisis"

  Una de las medidas más novedosas del apartado de igualdad del programa de Sumar es la puesta en marcha de "un nuevo servicio de atención telefónica para hombres en crisis, buscando alternativas no violentas, derivando a servicios que trabajen otras formas de masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía, para que puedan recibir el apoyo profesional necesario". Fuentes de la coalición aseguran que no se trata de un teléfono para maltratadores, sino que lo que busca es atender problemas emocionales que afectan particularmente a los hombres ocasionados, en parte, por los roles de género aprendidos desde la infancia.
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  Abandono del referéndum de autodeterminación

  Tras varias semanas de vaivenes, finalmente el programa de Sumar incluirá la posición de Yolanda Díaz y no la defendida por algunos sectores de los comuns catalanes: no se apostará claramente por un referéndum de autodeterminación en Cataluña. La coalición se limita a expresar su apoyo a "una mesa de diálogo entre el Gobierno del Estado y la Generalitat de Cataluña" y asegura que "hay que avanzar hacia un nuevo pacto territorial entre Cataluña y el Estado alcanzado a través del diálogo, la negociación y el acuerdo", pero sin defender ninguna postura en esa mesa de negociación. Sumar, no obstante, menciona en varias ocasiones la necesidad de reformar el Estatuto de Cataluña, y asegura que "el acuerdo surgido de la negociación tiene que ser votado por la ciudadanía de Cataluña".