El lunes próximo será el último día que la ley electoral permite para publicar encuestas. Esto quiere decir que en las próximas tres jornadas que restan se intensificara el aluvión de estudios demoscópicos con la supuesta pretensión de pronosticar lo que puede acontecer el 23-J. Tal vez la norma que limita la publicación de sondeos en periodo electoral, norma que no rige en la mayoría de los países de nuestro entorno, haya quedado un tanto obsoleta tras la irrupción hace unos años de las llamadas encuestas ‘andorranas’ que, usando símbolos ficticios, como las frutas u hortalizas para enmascarar a los partidos que concurren a unos comicios, se saltan tosca pero eficazmente la prohibición. Hay incluso quien cuestiona la constitucionalidad de la restricción por entender que vulnera la necesaria libertad de expresión e información, pero lo cierto es que hasta ahora no ha habido iniciativa parlamentaria alguna sobre el particular ni tampoco se ha trasladado ninguna propuesta al Tribunal Constitucional.

El fundamento de la norma que estableció en 1985 la Ley Orgánica sobre el Régimen Electoral no es otro que controlar la posible influencia que las encuestas electorales puedan tener sobre el voto y que sean susceptibles de manipulación con la intención de favorecer o perjudicar a una u otra formación. Es justo lo que se le reprocha al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde que lo preside José Félix Tezanos. Al margen de los aciertos o desaciertos que haya podido tener el CIS bajo su mando, siempre me pareció un desatino poner al frente de esa institución a alguien que procede de la Ejecutiva del PSOE. Acierten o no sus encuestas, siempre estarán bajo sospecha. En el caso del CIS, sus trabajos demoscópicos se hacen con dinero público y en consecuencia la crítica que ha de soportar a cualquier sombra de manejo es mucho mayor. Ello no quiere decir que sea aceptable la barra libre en el manejo de las encuestas por parte de los medios de comunicación a los que se nos debe exigir el mayor rigor y escrupulosidad profesional en lo relativo a este instrumento de información al ciudadano.

Los trabajos demoscópicos no deberían ser una expresión que sintonice sistemáticamente con la línea editorial de quien los publica, pero lo cierto es que con demasiada frecuencia así lo parece. El hecho de que en fechas coincidentes los resultados de los trackings difieran ostensiblemente en favor de las formaciones afines transmite la sospecha de que el último condimento de algunos de ellos se realiza en el despacho del director del medio que los publica. Hay casos en los que es tan obvio que resulta imposible no pensar mal. Lo ético es no presionar en ningún sentido a quien realiza el sondeo ni practicar ejercicio culinario alguno antes de su publicación. Esa es la forma correcta de entenderlo y ese nuestro proceder, luego acertaremos más o menos, pero sin trampa ni cartón. Es una cuestión de conciencia profesional.

Que las encuestas influyen en el electorado es algo incuestionable. Cuando los sondeos proyectan la imagen triunfadora de un determinado candidato sin duda contribuyen a que la profecía se cumpla y lo mismo ocurre a la inversa, cuando lo que pronostican es una derrota. Sean del pelaje que sean, ha de haber un compromiso ético en la publicación de encuestas, aplicar el mayor rigor periodístico y nunca confundir los deseos con la realidad. Hay que vencer la tentación de practicar artes culinarias con un producto informativo que, como cualquier otro, exige también la máxima veracidad.