Bruselas confía en cerrar las nuevas reglas fiscales antes de final de año pese al 23-J

Bruselas asume que el tema de la reforma de las reglas fiscales es clave para el medio y el largo plazo en la Unión Europea, y quiere que el debate se cierre en los próximos meses. "Estoy decidido y optimista de cara a poder llegar a un acuerdo a finales de año", comentó al respecto el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que asume al mismo tiempo que se puedan dar "dificultades técnicas" por la convocatorio electoral del 23 de julio, porque España tendrá un papel fundamental.

Bajo la presidencia española del Consejo, el país tiene la meta de liderar y coordinar un asunto que "todavía está verde", según las fuentes consultadas por 20minutos y que sigue en los trabajos a nivel de ministros antes de pasar a los líderes de los 27, algo que probablemente se pueda hacer en la cumbre del mes de octubre. De momento, Bruselas no cree que el 23-J suponga un problema porque, dice Gentiloni, "se celebran elecciones constantemente".

Más allá de lo puramente técnico, otro escollo que se puede dar y que a la Comisión no le preocupa en exceso es un cambio de Gobierno en España. La actual vicepresidenta, Nadia Calviño, es voz autorizada para este asunto y además cuenta con el respaldo de Alemania y otros países a nivel de liderazgo. Si el 'guía' del debate pasa a ser otra persona después de los comicios -sobre todo en caso de un Ejecutivo liderado por el PP- el enfoque "podría cambiar", tal como asumen algunas voces. Pero el tema lleva abierto desde la pandemia de Covid, y ahora solo se cerrará con un acuerdo que para Bruselas tiene que llegar más pronto que tarde.

"Nada es simple y las elecciones podrían dificultar los trabajos a nivel técnico, pero estoy decidido y soy optimista para cerrar el acuerdo de las reglas fiscales este año", repitió Gentiloni este viernes en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin). En esa misma línea se pronunció ya la propia Calviño este jueves, y anunció que los trabajos 'de campo' se mantendrán en verano. "Estamos poniendo las de una negociación intensa que permita llegar a un acuerdo antes de final de año", apuntó.

Sobre la mesa de los Estados miembros se va a poner, por lo pronto, un documento con cuatro puntos que son el equilibrio institucional, las salvaguardias comunes, el espacio fiscal para inversiones e incentivos y la garantía de una mayor participación de los países de la UE. Además, se cuenta con la propuesta que hizo hace meses la Comisión Europea. El objetivo, que "en otoño" todo esté firmado aunque el cisma entre los 27 se mantenga, entre el sur, que quiere una reforma drástica, y los países más ortodoxos, como Alemania o Países Bajos, mucho más cautos.

La propuesta de la Comisión Europea

El Ejecutivo comunitario propone mayor flexibilidad y unas normas adaptadas a las particularidades de cada Estado miembro, pero a cambio sugiere sanciones en caso de incumplimiento. Esas multas, que ya existen pero no se aplican, serían de menor cuantía pero se aplicarían automáticamente.

Ahora mismo se encuentran suspendidas (desde el inicio de la pandemia) las reglas del 60% y el 3%, y la Comisión aboga por mantenerlas, pero pretende que se suprima el análisis generalizado. La meta es que cada uno de los 27 gestione la cuestión en función de su situación fiscal particular. La Comisión presentaría una senda de ajuste fiscal de referencia, que abarcaría un período de cuatro años, basada en su metodología de análisis de la sostenibilidad de la deuda. 

"Esta senda de ajuste de referencia debería garantizar que la deuda de los Estados miembros con problemas de endeudamiento importantes o medios se sitúe en una senda de descenso plausible, y que el déficit se mantenga de forma creíble por debajo del valor de referencia del 3% del PIB establecido en el Tratado", explica Bruselas en su comunicado. No obstante, ese periodo de cuatro años puede reducirse a tres en el caso de las economías con una deuda "moderada" mientras que aquellos países con un nivel "bajo" no tendrán que realizar ajuste alguno.

Por otro lado, la Comisión deja claro que el contacto sobre los planes no es solo entre cada socio y el propio Ejecutivo comunitario, sino que también tendrán que contar con el visto bueno del Consejo. "Los Estados miembros presentarían planes en los que se fijaría su trayectoria fiscal a medio plazo, así como sus compromisos prioritarios de reforma e inversión pública", añade la Comisión. Los Estados miembros podrían proponer un período de ajuste más largo, ampliando la senda de ajuste fiscal hasta tres años "cuando la senda esté respaldada por un conjunto de compromisos de reforma e inversión que apoyen la sostenibilidad de la deuda y respondan a las prioridades y objetivos comunes de la UE".

En esa senda, el último paso sería que la Comisión evalúe los planes, dando una valoración positiva "si la deuda se sitúa en una senda descendente o se mantiene en niveles prudentes, y el déficit presupuestario se mantiene de forma creíble por debajo del valor de referencia del 3% del PIB a medio plazo". Además, después de la luz verde del resto de socios, Bruselas supervisaría continuamente la aplicación de los planes. "Los Estados miembros presentarían informes anuales sobre la aplicación de los planes para facilitar un seguimiento eficaz y garantizar la transparencia", añaden.

Otra de las grandes claves de la propuesta que ha salido de la Comisión son las sanciones. Bruselas ya trabaja en instrumentos de ejecución más estrictos para garantizar el cumplimiento; hasta ahora ya existía la opción de recurrir a las multas, pero su aplicación era casi quimérica. La Comisión pretende que la apertura de la mano por una parte conlleve también puño cerrado por la otra. "El procedimiento de déficit excesivo (PDE) basado en el déficit se mantendría, mientras que el PDE basado en la deuda se reforzaría". Así, se activará cuando un Estado miembro con una deuda superior al 60% del PIB se desvíe de la senda de gasto acordada.