Todo lo que influya y afecte al ciudadano en el proceso electoral, todo, ha de ser accesible

La Constitución Española establece que el voto es “libre, igual, directo y secreto”, base fundamental sobre los que se establece el principio de participación democrática de la ciudadanía. Para que se den estos requisitos, es necesario, obviamente, que tengamos que considerar la importancia de la accesibilidad universal en todo el proceso electoral, para evitar cualquier exclusión o discriminación en un momento tan transcendental de nuestra vida.

La accesibilidad universal, como su propio apellido implica, ha de considerarse universal en cuanto que afecta y beneficia a todas las personas, pero también universal en cuanto que afecta y beneficia en todos los ámbitos de nuestra vida, incluido, indudablemente, el ejercicio de nuestro derecho al voto. Y es por eso que a las autoridades competentes les corresponde desplegar todas las acciones necesarias en los procesos electorales para garantizar nuestro derecho al voto y ejercerlo con libertad, igualdad y de manera secreta: porque es muy importante hacer compatibles las acciones de accesibilidad con la garantía del secreto en el voto.

No sólo hablamos, pues, de establecer mecanismos que eliminen las barreras físicas para poder acceder a los colegios electorales y allí poder transitar, localizar, entender y decidir y depositar nuestro voto. Hablamos de toda la cadena electoral, desde que el ciudadano decide votar hasta que abandona el centro de votación o lo ha ejercido por correo. Todo el proceso tiene que ser accesible física y sensorialmente, y con todos los instrumentos necesarios para facilitar la accesibilidad cognitiva, garantizando el voto secreto.

Todo el proceso tiene que ser accesible física y sensorialmente, y con todos los instrumentos necesarios para facilitar la accesibilidad cognitiva

Pero no solo hablamos de garantizar que se acceda y transite en el colegio electoral: hablamos también de la necesidad de que todas las páginas webs institucionales relativas al proceso electoral estén adaptadas, las aplicaciones que se desarrollan para el seguimiento del escrutinio y resultados, emitir los documentos tanto los electorales como los que conciernen a los miembros de la mesa en lectura fácil (ya obligado por ley desde el año pasado) sino también, un mínimo de formación a los que presidirán las mesas para saber cómo actuar y mejor atender a las personas que necesiten algún tipo de asistencia, por su discapacidad o circunstancia personal. Es necesario concebir en todo ámbito, y en este concreto que tratamos del proceso electoral, un concepto global y transversal de accesibilidad. Porque todo lo que influya y afecte al ciudadano en el proceso electoral, todo, ha de ser accesible.

Por cierto, ya estaría bien que los partidos políticos emitieran su publicidad electoral y, sobre todo, sus programas electorales y compromisos ofertados en lectura fácil para que toda la ciudadanía tenga mayor facilidad para acceder a sus propuestas y tener mejores criterios de voto.

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El propio Ministerio del Interior y la Junta Electoral Central y las de Zona, son las encargadas de implementar las soluciones necesarias y, a mi juicio, deberían trasladar esas competencias y los recursos económicos necesarios a los propios ayuntamientos que son los que se encargan de la elección de los miembros de la mesa y establecimiento de colegios electorales. Cuanto más se aproxime la solución al ciudadano, más fácil su implementación y realización, pero siempre garantizando que los ayuntamientos reciban los recursos humanos y económicos suficientes para que desarrollen las acciones necesarias en la materia.

De todos es responsabilidad como ciudadanos comprometidos en un sistema democrático, que garantiza nuestros derechos y libertades, exigir que se cumpla la ley y se consignen las partidas económicas necesarias para que se garantice nuestro derecho al voto libre, igual, secreto y directo. Porque tan importante es poder ejercer el derecho al voto como garantizar que este sea libre y secreto, por lo que tenemos que garantizar la máxima autonomía y seguridad en todo el proceso electoral.

En resumen y como conclusión, es necesario implementar por ley las condiciones de accesibilidad física, sensorial y cognitiva para que se apliquen los mecanismos y soluciones que garanticen el derecho al voto libre y secreto de toda la ciudadanía en todo el proceso electoral, no sólo en el acceso al centro de votación.

Además, sabemos que cualquier mejora que se haga en este sentido, facilita y ayuda al conjunto de la población a ejercer el voto de manera más fácil, autónoma y segura. Los derechos no se negocian, se defienden y corresponde a los responsables institucionales cumplir con algo tan transcendental como garantizar nuestro derecho al voto. Mientras los responsables lo van implantando, los demás, entidades y personas públicas y privadas como el CEDDD, iremos fiscalizando, denunciando y proponiendo soluciones en pro de una sociedad más justa, libre y autónoma que vea garantizados sus derechos y su dignidad.