La participación igualitaria y efectiva de las personas con discapacidad intelectual en procesos judiciales en los que están implicadas sigue siendo una entelequia en la mayor parte de Europa. Y España no es una excepción. 

Así lo afirma un informe realizado recientemente por Plena inclusión España, en el marco del Proyecto Enable. Esta iniciativa, en la que participan organizaciones sociales de ocho países comunitarios, está promovida y financiada por la Unión Europea.

El objetivo general de este informe es presentar los resultados de la investigación sobre las barreras a las que se enfrentan las personas acusadas con discapacidad intelectual y psicosocial en el sistema de justicia penal para acceder a la información, al apoyo y a las adaptaciones procesales, lo que les impiden participar en igualdad de condiciones.

"Tratamos de evaluar en qué medida existen leyes, políticas y/o prácticas -incluidas las prácticas prometedoras- que permitan a las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial acusadas superar estas barreras, en particular mediante la provisión de ajustes de procedimiento", explica Natalia Pérez, del Área Jurídica de Plena inclusión España.

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Desconocimiento de sus derechos

• La mayor parte de las personas entrevistadas afirman que no entienden el proceso y que desconocen sus derechos como acusados si no se hacen las adaptaciones necesarias. Esto sucede porque los agentes jurídicos usan términos muy técnicos.

• Se aprecia una generalizada falta de conocimiento y concienciación de dichos agentes (abogados, jueces, fiscales, etc.) sobre los derechos de las personas con discapacidad, y en particular sobre los ajustes de procedimiento necesarios.

• La falta de detección de la discapacidad intelectual es una de las barreras más importantes a las que se enfrentan estas personas para que se les apliquen ajustes de procedimiento.

• No existe, en la legislación penal, un reconocimiento de los ajustes de procedimiento.

• Las características de las personas con discapacidad suelen interpretarse erróneamente como un comportamiento poco cooperativo en las investigaciones policiales o los procedimientos judiciales.

Para acabar con estos obstáculos, desde Plena Inclusión hacen las siguientes recomendaciones:

• Las leyes penales deben modificarse para reconocer los derechos de las personas con discapacidad y subrayar la necesidad de realizar ajustes de procedimiento.

• Crear un protocolo de actuación dirigido a los profesionales para cuando la acusada sea una persona con discapacidad.

• Crear mecanismos prácticos y ágiles para detectar la discapacidad intelectual en una fase temprana del procedimiento.

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