Pasadas las elecciones generales y el cambio de presidencia interina en el órgano de gobierno de los jueces, julio acaba con un nuevo conflicto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sin expectativas de desbloqueo para esta institución en el corto plazo. La reorganización de las comisiones del Consejo impulsada por el nuevo presidente, Vicente Guilarte, ha causado resquemores entre varios vocales que la consideran "ilegal", según señalan fuentes del órgano a 20minutos. 

Tras la jubilación del ya expresidente del Consejo, Rafael Mozo, parte del CGPJ posó sus esperanzas en que los comicios del 23-J abriesen el paso a una renovación del órgano bajo la dirección de Vicente Guilarte. 

Una victoria del Partido Popular -según ha prometido en varias ocasiones Alberto Núñez Feijóo- habría supuesto la devolución inmediata de las funciones al Consejo caduco. Feijóo ha anunciado reiteradamente que derogaría la ley impulsada por el Gobierno en 2021 para que el CGPJ no haga nombramientos estando en funciones, de forma que la institución, con el conservador Guilarte como nuevo presidente, tendría trabajo por hacer. 

Pero el 23-J dejó claro que la situación de incertidumbre se postergaría, al menos durante unos meses, en el Gobierno de los jueces. De todas formas, el pasado martes Guilarte tomó posesión del cargo de presidente sustituto tras convocar un Pleno que fue motivo de grandes tensiones entre los 16 vocales que aún permanecen en el Consejo. 

Ese mismo martes, Guilarte se dispuso a impulsar una reordenación interna en el órgano que había pasado a presidir: Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Abad y Álvaro Cuesta salían de la Comisión Permanente. Entraban en su lugar Guilarte, Carmen Llombart, Mar Cabreja, María Ángeles Carmona y Roser Bach. 

De entre las nuevas incorporaciones, Llombart, Bach Guilarte y Carmona venían directos de la Comisión Disciplinaria, algo que ha sido reprochado por un sector del CGPJ que considera que ese trasvase es "contrario a Derecho". 

El voto particular contra la reorganización de Guilarte

Tras aprobarse la reestructuración planteada por el nuevo presidente, los cuatro vocales que fueron expulsados de la Comisión Permanente y la progresista Clara Martínez de Careaga emitieron un voto particular contra la decisión.

La primera razón para oponerse a la decisión del nuevo presidente es que esta "no figuraba expresamente en el orden del día", en contra de la norma que regula el CGPJ y que señala: "Los asuntos que se sometan a consideración del Pleno deberán ser debidamente documentados". Pero además, los firmantes del voto particular consideran que "la incorporación de vocales de la Comisión Disciplinaria a la Comisión Permanente es contraria a la ley". 

Los integrantes de la Disciplinaria -encargada de sancionar jueces- tienen un mandato igual al del CGPJ, de cinco años. Los vocales de la Permanente, sin embargo, deben rotar "para permitir una mayor pluralidad", de forma que todos los vocales puedan pasar por esta comisión, "a excepción de los que integren la Comisión Disciplinaria". 

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Según declaran fuentes del sector progresista del Consejo a 20minutos, "Vicente Guilarte hizo los cambios de manera ilegal, dado que la ley prohíbe que los miembros de la Comisión Disciplinaria pasen a la Permanente". 

Otras fuentes del órgano señalan, sin embargo, que "la sugerencia que dice que los miembros de la disciplinaria no deben pasar a la permanente no tiene carácter normativo taxativo y está en la exposición de motivos, no en la propia norma". "Además, el artículo 603 de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dice que el mandato de la comisión disciplinaria es de cinco años, no que esté ligado al del Consejo. Por tanto, ese mandato ya se ha cumplido", sostienen. 

Los críticos con el movimiento del nuevo presidente subrayan, por otro lado, que "cuando Rafael Mozo asumió la presidencia, se le puso la condición de no hacer cambios trascendentales para mantener la coherencia con su interinidad", una directriz que el segundo sustituto ha obviado desde el primer día. 

Sin embargo, fuentes del sector conservador justifican a Guilarte dado que "había cambios que eran imprescindibles". La razón es que, al irse Mozo -un juez- y asumir Guilarte -un jurista- la presidencia del Consejo y la Comisión Permanente, se debía reorganizar este órgano para mantener la equidad entre el turno judicial y el de juristas de reconocido prestigio. Ambas comisiones deben estar formadas, según la LOPJ, por cuatro magistrados y tres juristas.

Sin embargo, los que se oponen a Guilarte señalan a este periódico que "los cambios súbitos e injustificados que ha hecho Guilarte estaban previstos pensando en un escenario [el de una victoria del PP en la elecciones] en el que se devolviesen las competencias al consejo prorrogado". En este escenario, Guilarte contaría con una Comisión Permanente formada por magistrados afines para preparar los nombramientos de nuevos magistrados en el Tribunal Supremo. 

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Además, apuntan las mencionadas fuentes, "los cambios dan el mensaje de que el bloqueo va a durar largo tiempo". "Es nefasto, somos una composición a extinguir y deberíamos dar a entender que tienen que sacarnos de aquí. El Consejo es un órgano podrido, absolutamente putrefacto por el paso del tiempo". 

Ante la incertidumbre que dejan las elecciones y tras los movimientos de Guilarte, hay quien revive la idea de una renuncia en bloque que deje al órgano inhábil, una estrategia que el vocal Álvaro Cuesta trató de impulsar sin éxito a principios de año. "Ahora se entiende que algunos progresistas no secundaran la renuncia, dado que han pasado a la Comisión Permanente. Hay teóricos miembros del bloque progresista que están objetivamente alineados con los intereses de Génova", reprochan fuentes de este sector. 

Sin embargo, entre los vocales que votaron a favor de la reorganización señalan que Guilarte hizo "una propuesta razonable" y entienden que los resquemores tienen que ver con que "si estás en la Permanente cobras 130.000 euros y en cualquier otra comisión no". 

Sobre el cambio de postura respecto a los movimientos que puede hacer el presidente interino, señalan que "eran irremediables" y que "el Pleno es soberano". "Mozo era el primer presidente suplente y no sabíamos como iba a funcionar todo, ahora la mayoría ha considerado legítimamente que este presidente tenía que reorganizar las comisiones", zanjan. 

La apertura del año judicial

Este septiembre tendrá lugar la apertura del año judicial, que una vez más se verá manchada por la situación del CGPJ cuando se acercan ya los cinco años de bloqueo. El año pasado, el entonces presidente del Consejo y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, cargó contra el PP y el PSOE por abocar al órgano de gobierno de los jueces a un "panorama desolador". Un mes después, Lesmes renunciaba a ambos cargos en un intento de forzar a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo a negociar. 

Las negociaciones fracasaron, y la sustitución de Lesmes fue anómala: por primera vez, dos personas distintas presidirían el CGPJ y el Supremo. Ahora que se acerca de nuevo la inauguración del año judicial, queda la incógnita de quién dará el discurso de apertura: o Vicente Guilarte, o Francisco Marín Castán, actual presidente sustituto del alto tribunal. En principio, las fuentes consultadas por 20minutos aseguran que hay consenso en que se encargue Marín Castán, un criterio con el que coincidiría incluso el propio Vicente Guilarte.