El alquiler de un piso implica un contrato entre el propietario (arrendador) y el inquilino (arrendatario), en el que el primero cede el uso de la vivienda a cambio de una compensación económica del segundo, y esta se convierte en su residencia habitual. Aunque el casero siga siendo su propietario, no podrá entrar en la casa si el inquilino no da su aprobación, tal y como recoge la propia Constitución española.

"El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito", indica la Carta Magna en su artículo 18.

En el caso de que el propietario acceda a la vivienda alquilada sin permiso del arrendatario, esto podría considerarse un delito de allanamiento de morada, en el que "la pena de prisión es de seis meses a dos años. Si este hecho se ejecuta con violencia o intimidación, la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 12 meses", indica el artículo 202 del Código Penal.

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A pesar de ello, existen algunos casos específicos en los que el casero sí puede entrar en ese piso que tiene alquilado, tal y como recuerdan desde Idealista.

El primero de ellos es si el propietario pone la casa en venta cuando todavía hay un inquilino viviendo y ha especificado previamente en una cláusula dentro del contrato de alquiler que puede enseñar el inmueble mientras vive alguien en él.

Otro de los escenarios atañe al supuesto en que haya que hacer reparaciones. Tal y como recoge la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el casero (o los técnicos, en su defecto) podrían entrar en la casa para evaluar si hay que hacer reparaciones u obras de mejora y llevarlas a cabo.

No obstante, el inquilino debe dar su consentimiento para ello y, en caso de negarse, será él quien deba responder ante los daños que puedan aparecer en la vivienda al no haber autorizado la entrada para su reparación.