La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido a trámite el recurso que presentó el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín contra la orden de detención que dictó el Tribunal Supremo por los delitos de desobediencia y malversación. La mayoría de la Sala (dos magistrados contra uno) ha considerado que no se ha vulnerado el derecho fundamental de Puigdemont.
El Supremo dictó una orden nacional de detención al confirmar su procesamiento por malversación agravada y desobediencia en la causa del procés, tras ser derogado el delito de sedición. Puigdemont había recurrido y el TC rechaza la admisión del recurso. No obstante la Fiscalía recurrirá a partir de septiembre la decisión de la Sala de Vacaciones al considerar que no era urgente resolver ahora este asunto.
Es lo último del prolijo caso Puigdemont, un asunto donde cruzan sus caminos la política y la justicia con multitud de vericuetos y consecuencias. La decisión de un Constitucional en mínimos, la de la Sala de Vacaciones, llega justo cuando la pieza del expresident catalán vale su peso en oro en una hipotética investidura de Pedro Sánchez (el PSOE necesita ya no su abstención sino su voto favorable).
El origen: el referéndum de independencia
El periodista Carles Puigdemont i Casamajón, que en diciembre cumplirá 61 años, siempre estuvo en el ala independentista de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Se metió en la política real y fue alcalde de Girona desde 2011. Tras las elecciones autonómicas de 2015 accedió al cargo de president de la Generalitat de Catalunya.
Puigdemont impulsó la celebración del referéndum de independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017. Era ilegal pero tuvo lugar. Ese mismo día, tras la celebración de la consulta, anunció que trasladaría los resultados al Parlamento de Cataluña. En sesión plenaria el 10 de octubre, hizo una declaración parcial de independencia.
La destitución
El 27 de octubre de 2017, desde la tribuna del Parlamento de Cataluña, se procedió a la Declaración unilateral de independencia de Cataluña de 2017. Sin embargo, dicho documento no se registró en el Parlamento, por lo que carecía de validez jurídica. Al día siguiente, Puigdemont fue cesado como presidente de la Generalitat y con él el vicepresidente, Oriol Junqueras, y todos los consejeros.
El Gobierno de Mariano Rajoy lo hizo en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que dota al Estado de un mecanismo coactivo para obligar a las comunidades autónomas que incumplan las obligaciones impuestas. Rajoy disolvió el Parlamento catalán y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
La huida
Puigdemont salió de España el 29 de octubre. Emprendió un viaje a Bruselas para esquivar la acción judicial. El 31 de octubre, en una rueda de prensa desde la capital belga, solicitó garantías de un juicio imparcial para volver a España. Desde entonces es considerado un fugitivo o —para los suyos— un exiliado.
Fue puesto entonces en busca y captura en territorio español acusado de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por actos que se le imputan en la organización del referéndum y la declaración unilateral de independencia.
La primera euroorden
El 3 de noviembre la jueza Carmen Lamela cursó una Orden de Detención Europea (ODE) contra Puigdemont y los cuatro consejeros de su gobierno que no habían acudido a la citación judicial por encontrarse en Bélgica: Antoni Comín (Salud), Lluís Puig (Cultura), Meritxell Serret (Agricultura) y Clara Ponsatí (Educación). Aquella euroorden fue retirada en diciembre, cancelada por el Tribunal Supremo, quedando solo vigente la orden de detención en territorio español.
El 23 de marzo de 2018, el juez instructor Pablo Llarena anunció el procesamiento de Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación. Cursó una nueva euroorden (en todo el proceso ha emitido tres y ninguna ha prosperado). Puigdemont estaba en Helsinki (Finlandia).
Los arrestos
El 25 de marzo, Puigdemont fue detenido en Alemania cuando entraba en coche en el país a través de Dinamarca. Quedó en situación de arresto provisional e ingresó en la prisión de Neumünster. Pero el tribunal germano se negó a ejecutar la orden europea de detención y entrega dictada por Llarena. Los jueces alemanes no reconocían el delito de rebelión por el que se le buscaba.
En julio de 2018, el tribunal de Schleswig-Holstein tomó la decisión de extraditar a Puigdemont a España por el delito de malversación de fondos. No obstante, el Supremo español rechazó la extradición oponiéndose al acuerdo de la Justicia alemana de rechazar que el dirigente independentista fuese juzgado por un delito de rebelión.
Se instala en Waterloo
En 2019, pasó una noche detenido en la fiscalía de Bruselas de manera voluntaria. Puigdemont fue para responder sobre la euroorden. Técnicamente fue detenido, pero el juez lo dejó libre, aunque le prohibió salir del país sin ponerlo en su conocimiento o su permiso y comunicar un domicilio.
Se desmanteló la euroorden, pero la orden de detención nacional seguía vigente y por lo tanto Puigdemont sería arrestado en caso de volver a entrar en territorio español. El expresident se estableció en la localidad belga de Waterloo y presentó el movimiento Crida Nacional per la República.
El eurodiputado Puigdemont
Se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019 en España como candidato en el número 1 de la lista de la coalición Lliures per Europa. Aunque inicialmente su inclusión en las listas fue vetada por la Junta Electoral Central, finalmente su candidatura fue permitida por un juzgado y ratificada por el Tribunal Constitucional.
Puigdemont, junto a Comín y Ponsatí, tomó posesión de su acta como eurodiputado. Ya tenía inmunidad parlamentaria y no podía ser procesado judicialmente sin autorización expresa de la Eurocámara. En ese punto quedó suspendida la última euroorden emitida por el juez Llarena en octubre de 2019.
Inmunidad o no
Pero Llarena no se dio por vencido. A través de un suplicatorio, pidió que se retirara la inmunidad a Puigdemont para reactivar las euroórdenes y llevarle ante la justicia española. En marzo de 2021, el Parlamento Europeo aprobó el levantamiento de la inmunidad del expresident (y de Comín y Ponsatí).
Los tres presentaron un recurso en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) alegando que se habían vulnerado sus derechos y pidiendo medidas cautelares para mantener su protección en lo que el tribunal resolvía el caso. Inicialmente, el TGUE rechazó darles protección temporal.
Pero entonces Puigdemont fue nuevamente detenido, esta vez en la isla italiana de Cerdeña el 23 de septiembre de 2021. El fiscal italiano hizo suyas las decisiones previas de la justicia europea y no pidió ninguna medida cautelar. Lo puso en libertad ese mismo día. Tras este breve arresto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) devolvió a Puigdemont su inmunidad.
Eliminado el delito de sedición
En diciembre de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante en el Parlamento la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas en algunos supuestos del de malversación. La reforma fue impulsada por PSOE y Unidas Podemos, y pactada con ERC.
Días después, el Tribunal Supremo decidió mantener la pena de 13 años de inhabilitación absoluta para Oriol Junqueras, presidente de ERC, tras analizar los cambios que incurrían en su condena tras la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación.
Bélgica debe cumplir una euroorden
En enero de 2023, el TJUE dio la razón al juez Llarena al sentenciar que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el 'procés' reclamados para ser juzgados en España.
Es decir, Bélgica no puede negarse a cumplir la euroorden a no ser que, después de un examen adecuado, concluya, por un lado, que existen "deficiencias sistémicas" en el sistema judicial del Estado español, y por otro, que existe un "riesgo real" de que se vulneren los derechos fundamentales de la persona que debe ser entregada.
Desobediencia y malversación agravada
En marzo de 2023, el juez Llarena rechazó los recursos contra el auto por el que confirmó el procesamiento de Puigdemont por los delitos de desobediencia y malversación agravada. Tras revisar su decisión inicial a la luz de la reforma que derogó la sedición y modificó la malversación, el juez rechazó añadir el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, como pedían Fiscalía y Abogacía del Estado.
Lo que ha ocurrido este miércoles es que el Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite el recurso que presentaron Puigdemont y Comín contra la orden de detención que dictó el Tribunal Supremo por los delitos de desobediencia y malversación.
Retirada de la inmunidad
En julio de 2023, el TGUE llegó al fin de sus deliberaciones y consideró que la Eurocámara no vulneró los derechos de Puigdemont, Comín y Ponsatí. Esto es, confirmó la retirada de la inmunidad que tenían como eurodiputados.
¿Podría ser extraditado a España para ser juzgado por el Supremo? No es una decisión definitiva: Puigdemont (como también los exconsellers Comín y Ponsatí) ha recurrido. Si se acepta su recurso, el expresident y los exconsellers recuperarán las cautelares. De ese modo tendrán inmunidad para desplazarse por la Unión Europea, pero no por España.
La decisión de Llarena
Si no se acepta su recurso, quedarán sin inmunidad y su extradición dependerá otra vez de Llarena y sus órdenes de detención europeas. Se espera que la decisión definitiva se conozca en el primer trimestre de 2024. EL TGUE es la segunda y última instancia europea. Su decisión de retirar la inmunidad a Puigdemont es susceptible de ser recurrida en casación ante el TJUE hasta el 15 de septiembre.
El pasado jueves 27 de julio, Llarena comunicó que no resolvería sobre las euroórdenes mientras el TGUE no se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares que ambos pueden presentar para ver restablecida provisionalmente su inmunidad parlamentaria.
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