Los familiares del candidato presidencial asesinado el pasado 9 de agosto en Ecuador, Fernando Villavicencio, han presentado este viernes una denuncia por el delito de "asesinato por omisión dolosa" contra el jefe de país, Guillermo Lasso, como representante del Estado, y contra otras autoridades.
La denuncia también está dirigida contra el ministro del Interior, Juan Zapata, y contra el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, entre otros, por considerar que no se cumplieron los protocolos de seguridad ni la protección completa que debía tener Villavicencio, quien tenía un nivel de riesgo del 97 % que había sido determinado por la propia Policía.
Marco Yaulema, abogado de la familia, ha recordado que Villavicencio realizó muchas investigaciones desde 2007, entre ellas algunas relacionadas con actos de corrupción en las instituciones públicas del Estado.
Realizó "alrededor de 200 investigaciones y denuncias de corrupción" y escribió unos once libros sobre los mismos temas, ha asegurado al agregar que Villavicencio "soportó una de las mayores persecuciones tanto del ámbito político como el ámbito judicial".
Una semana antes de su asesinato, ocurrido al salir de un mitin electoral en Quito, Villavicencio había denunciado amenazas contra él y había aseverado que en la institución policial existían miembros que presuntamente estaban asociados con la mafia.
Los protocolos de Seguridad
El abogado ha cuestionado así los protocolos de seguridad aplicados el pasado 9 de agosto, cuando Villavicencio fue asesinado al entrar en la parte trasera de una camioneta de doble cabina, que estaba en la calle y que no era blindada ni tenía conductor, mientras que el vehículo que sí era blindado estaba a dos minutos de llegar, según ha confirmado.
"Oh sorpresa, no esperaron estos dos minutos, lo trasladaron a Fernando Villavicencio sujetado de brazos, con una botella en la mano izquierda, no sé de qué sustancia, sujetado por miembros policiales de los brazos, impidiendo su movilidad", ha señalado. Asimismo, ha añadido que no estaba presenta el número adecuado de custodios, aunque la Policía afirma que Villavicencio tenía tres anillos de seguridad.
"Cuando ya estaba en el asiento posterior, recibió dos balazos en la cara y uno en el cerebro", ha detallado al subrayar que "hubo una omisión dolosa, el Estado ecuatoriano no cumplió su papel de garante", por lo que presentaron la denuncia por el delito de asesinato por omisión dolosa, penado con hasta 26 años de cárcel.
En la rueda de prensa que ha organizado, ha destacado también que en caso de ser necesario acudirán a organismos internacionales, ya que no confían en la justicia del país.
Yaulema ha apuntado en sus declaraciones que el núcleo familiar y los cercanos a Villavicencio necesitan protección urgente y ha advertido que en caso de que les ocurriera algo, "será responsable el Estado" por omisión.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios