La designación de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura para presidir el Gobierno ha vuelto los ojos hacia el PNV, que podría tener la llave de la gobernabilidad si apoyara un proyecto, el del PP, al que los nacionalistas vascos ya han dicho que no, por incluir a Vox en la ecuación. Con esta negativa, los populares han anunciado que hablarán con todos los grupos para tratar de armar la mayoría parlamentaria necesaria, excepto con Bildu. Esto incluye a los independentistas catalanes, ERC y Junts, que han dejado claro lo que vale su apoyo: referéndum y amnistía.

Sin el sí del partido de Puigdemont, ni Sánchez ni Feijóo lograrían hacerse con la Moncloa. El PP siempre ha desechado esta opción, pero PSOE y Sumar se han mostrado abiertos a la posibilidad de estudiar la amnistía, siempre dentro "de un marco legal" y del "encaje constitucional". De esta manera se expresaba este miércoles el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que no concreta cómo se llevaría a cabo esa amnistía, salvo que cualquier medida que se tome estará dentro de la Constitución.

Su homóloga en Sumar, Marta Lois, ha apostado también esta semana por "hablar sin miedo" sobre la amnistía "o una futura ley" y de dar "pasos valientes" en ese sentido. Eso sí, apostilló, que debería realizarse "con todas las garantías jurídicas necesarias". En este sentido, Lois recordó que la coalición que lidera Yolanda Díaz está trabajando con un grupo de expertos constitucionales para analizar cómo podría materializarse la propuesta.

Pero este pretendido encaje constitucional para ceder ante las demandas de Junts no es sencillo, en primer lugar, porque la Constitución española no recoge la amnistía en ninguno de sus 169 artículos. Este hecho, consideran los juristas, se puede tomar como una prohibición pero también como una autorización. Hace solo unos días, el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio consideraba en 20minutos que, "al margen de lo político, no hay razones para pensar que no se puede aprobar una ley por la cual todos los hechos relacionados con el intento de secesión en Cataluña quedan amnistiados".

Sin embargo, la doctora en Derecho Mercedes García y el magistrado Ignacio Picatoste opinaron que la amnistía a los líderes del procés "no tiene cabida en el sistema constitucional" y "quebrantaría el principio de igualdad". Según el también magistrado Joaquim Bosch, la ruptura de este principio es común a las medidas de gracia, que se basan en la esa es la ·consideración excepcional del Poder Ejecutivo o el Legislativo".

¿Es legal la amnistía que pide Junts? ¿Qué la diferencia de los indultos? ¿Hay precedentes?

Aunque comparte con el indulto su carácter como medida de gracia, este corresponde al Poder Ejecutivo, mientras la amnistía depende del legislativo, por lo que requeriría de la aprobación de una normativa específica. A pesar del embrollo legislativo que plantea, la amnistía se sitúa en el centro del debate político, porque poner en marcha los mecanismos para articularla supondría desbloquear una investidura que caería del lado de Pedro Sánchez, pero que hoy ni PP ni PSOE tienen garantizada.

En cualquier caso, el cortejo al independentismo catalán para conservar la Moncloa no se ciñe a esta medida. El PSOE ya acordó con Junts y ERC el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso para ganarse su apoyo a la presidencia de Francina Armengol, que ya ha anunciado su intención de permitirlo "lo antes posible", aunque aún tenga que superar dificultades técnicas y normativas para su inmediata puesta en marcha. 

Otro importante gesto con las formaciones de Aragonès y Puigdemont se produjo este mismo miércoles, cuando Sumar y PSOE dieron a conocer que cederán diputados a estas dos formaciones para que puedan tener grupo parlamentario propio en la Cámara Baja, un privilegio que, salvo excepciones, se reserva a los partidos que han obtenido en las elecciones 15 diputados o sumado el 15% de apoyo en todas las circunscripciones en las que se presentaran, y que no cumplen ninguno de los dos.