El escándalo por la inaceptable actitud del ya expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, suficientemente comentada y enjuiciada estos días, ha tapado el encargo de la investidura a Núñez Feijóo por parte de Felipe VI. El jefe del Estado ha actuado de acuerdo con el principio de prudencia porque el líder del PP es quien más apoyos declarados reúne a fecha de hoy.

Como los partidos independentistas (ERC, Junts, Bildu y BNG) rechazan reunirse con el Rey, un gesto descortés con el que además incumplen con el artículo 99 de la Constitución, el monarca no puede conocer sus intenciones. Esa actitud podría ser un problema para Pedro Sánchez cuando Feijóo, como todo parece indicar, fracase en su investidura. 

El Rey podría decidir no designar al líder socialista si esos partidos no acuden a la ronda de consultas porque de entrada PP y Vox reunen más votos en contra. Seguro que no lo hará porque el jefe del Estado no va a generar una crisis política por una cuestión formal, pero en democracia los procedimientos importan y esas actitudes de boicot a la Corona no son aceptables.

Lo llamativo no ha sido tanto la designación de Feijóo, como el plazo tan dilatado que le ha dado la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuya investidura no llegará hasta el 27 de septiembre. Lo lógico hubiera sido darle quinces días, tiempo más que suficiente, teniendo en cuanto que el PNV ya le ha dicho tajantemente que no va a apoyarle y el voto en contra de todos los partidos separatistas lo tiene más que asegurado. 

Las próximas cuatro semanas van a ser políticamente inútiles. Un atraso que solo se explica con el fin de garantizar que, en caso de repetición electoral, votemos después de Reyes. Esa una decisión entendible, pero que deja de lado la prioridad de que España disponga cuanto antes de un Gobierno que no esté en funciones. Ese debería ser el objetivo de la presidenta del Congreso. Si Sánchez logra ser investido a finales de noviembre, la gobernación en España habrá estado de vacaciones como mínimo seis meses.

El mayor beneficiado es Sánchez, que tendrá más tiempo para negociar con el independentismo catalán, y sobre todo para sospesar los riesgos jurídicos y políticos de una ley de amnistía que borre todas las causas del procés. La amnistía es una medida de incierto encaje constitucional y de difícil justificación en base a un interés puramente partidista. Si la Constitución prohíbe lo menos (los indultos generales), sería extraño que consintiera lo más (la amnistía), aunque literalmente no lo diga. Tiempo habrá para comentarlo a fondo porque, de llevarse a cabo sin ninguna rectificación política de cara al futuro por parte de Puigdemont y cía, supondría admitir el relato separatista de que España no es una democracia.