La apertura del año judicial se celebra de nuevo con el CGPJ bloqueado y el Supremo en alerta ante una posible amnistía

La tradicional apertura del año judicial se celebra este jueves en un contexto de máxima tensión que atiende a varias razones. La primera es el persistente bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debió renovarse hace ya casi cinco años. Su parálisis ha causado estragos en el Poder Judicial, pero especialmente en el Tribunal Supremo, que acogerá este jueves la ceremonia inaugural en presencia del rey, y que suma ya más de 20 puestos vacantes. 

El segundo motivo de alerta en la Justicia es la posibilidad de que el Gobierno impulse una ley de amnistía para beneficiar a los implicados en el procés, una medida de gracia contra la que el propio Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones durante la causa que juzga el referéndum de independencia. Más aún cuando fue este órgano el que juzgó y condenó a parte de los implicados en el proceso independentista de 2017 y el que mantiene la orden de detención contra Carles Puigdemont, fugado en Bélgica.

Aunque el PSOE y Sumar trabajan para encontrar el encaje constitucional de una amnistía, el alto tribunal la ha rechazado en varios de sus escritos, señalando que se trata de "un instrumento jurídico de sanción de sentencias injustas". En todo caso, no será el Supremo sino el Tribunal Constitucional el que acabe por determinar la constitucionalidad de la amnistía -si es que finalmente se produce-. 

De Lesmes a Guilarte, un año difícil para la Justicia

El acto de apertura del año judicial suele ser un día de mensajes, unos más velados que otros. En 2022, el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, inauguró el curso con una advertencia. El bloqueo del órgano que presidía había llegado a una situación "insostenible", así que Lesmes instó a PSOE y PP a proceder a la renovación. "Solicito que el CGPJ sea renovado en las próximas semanas o restituido en la plenitud de sus competencias. De no ser atendido este llamamiento, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan", señaló el magistrado en referencia a su dimisión. 

Efectivamente, Lesmes acabó dimitiendo y logró con ello que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se sentaran a negociar la renovación del órgano. Pero el líder del PP tiró por la borda el pacto, precisamente tras conocer que Sánchez estaba preparando otra concesión a los independentistas: la derogación de la sedición (a la que más tarde se añadiría una reforma del delito de malversación). 

Un año después, el presidente en funciones estudia conceder la amnistía a los independentistas para recabar su apoyo y reeditar el Gobierno mientras que Feijóo se prepara para una investidura sin opciones aparentes de salir airoso del intento. En este contexto, las expectativas de un acuerdo para renovar el Consejo son nulas. 

¿Qué ha cambiado entonces desde que Lesmes pronunció aquel discurso? Entre otras cosas, han cambiado la composición del Tribunal Constitucional y la del CGPJ, presidido por dos vocales distintos tras la marcha de Lesmes. Además, la degradación del funcionamiento del Tribunal Supremo se ha acentuado con el paso de los meses, llegando a la situación más crítica que el órgano pueda recordar. 

Sobre el Constitucional, el verano pasado el Partido Socialista levantó el veto que él mismo había impuesto al CGPJ para realizar nombramientos mientras está en funciones. Pero sólo retiró la prohibición para renovar el Constitucional, dado que cuatro de sus magistrados habían finalizado su mandato. 

El nombramiento de sus sucesores correspondía a partes iguales al Gobierno y al Consejo, y tuvo lugar a principios de año. El órgano de garantías constitucionales pasó a ser de mayoría progresista y Cándido Conde-Pumpido (ex fiscal general del Estado bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero) pasó a presidirlo. El nuevo tribunal ha resuelto en los últimos meses a favor de varias leyes impulsadas por el PSOE, como la ley del aborto, la de la eutanasia o la ley Celáa, y será el que deba juzgar una eventual ley de amnistía. 

Por otro lado, tras  la marcha de Lesmes, que como dicta la ley presidía a la vez el CGPJ y el Supremo, el progresista Rafael Mozo fue nombrado presidente del Consejo mientras que Francisco Marín Castán pasó a presidir el alto tribunal. Será Marín Castán el que pronuncie el discurso este jueves. El pasado 19 de julio Mozo cumplió 72 años, la edad de obligada jubilación en la judicatura, y por tanto tuvo que abandonar el órgano de gobierno de los jueces. El vocal conservador Vicente Guilarte pasó a sustituirle por ser el de mayor edad en el Pleno del CGPJ.

Casi cinco años de bloqueo del CGPJ, teniendo en cuenta la prohibición impuesta por el Gobierno para realizar nombramientos, han llevado al Tribunal Supremo a sumar 22 vacantes de las 79 plazas que componen sus Salas. Esta situación ha hecho saltar las alarmas en la Unión Europea, que apuntó en la última edición de su informe sobre el Estado de Derecho el siguiente mensaje: "La falta de renovación [del CGPJ] está afectando al trabajo del Tribunal Supremo y al sistema judicial en su conjunto". 

Este será el contexto en el que Francisco Marín Castán enuncie el discurso inaugural del año judicial en presencia del Jefe de Estado y desde el tribunal que él mismo preside, la principal víctima de un bloqueo que este diciembre cumplirá cinco años.