La noche del 23 de julio, cuando se conoció el recuento de los votos, un amplio sector de la sociedad española sintió un gran alivio: Vox no podría condicionar la formación de gobierno porque sus escaños no sumaban la mayoría suficiente con los del PP. El alivio estaba cargado de lógica: como dice Pedro Sánchez, España había frenado la oleada de extrema derecha que se ha extendido por Europa y Estados Unidos en los últimos años. De hecho, Vox está en retroceso electoral, no en fase de crecimiento.

Lo paradójico es que, en paralelo al sentimiento balsámico provocado por el mal resultado de la extrema derecha, se haya producido en un sector del electorado un notable entusiasmo ante la posibilidad de conformar una mayoría parlamentaria que incluya no solo a los partidos de Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi –que, en un evidente caso de extravagancia, han conseguido convertirse en parte asumible del paisaje nacional–, sino al de Puigdemont. Se ha llegado a aplaudir con sorprendente soltura que la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, se haya reunido con un prófugo al que la Justicia española persigue desde hace seis años, con fotografía de saludos cordiales incluida. No son las naves en llamas más allá de Orión, de las que se nos hablaba en Blade Runner, pero, parafraseando a su guionista, sí podríamos decir que hemos visto cosas que ni siquiera nosotros podríamos creer.

En definitiva, sentir alivio por evitar un gobierno con la participación activa o pasiva de Vox está cargado de lógica. No lo está tanto mostrar entusiasmo por un posible gobierno sostenido en el Parlamento por determinados personajes, cuyos objetivos políticos acumulan un amplio número de contraindicaciones.

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Y, siendo así, se entiende el ejercicio de contorsionismo al que se pretende someter estos días a la opinión pública. Por ejemplo, que se trate de convencer a los españoles de que los partidos de derechas nacionalistas e independentistas son progresistas; que Junts, heredero de Convergencia y, por tanto, representante de la burguesía catalana, comparte objetivos sociales y económicos con el Partido Comunista, miembro de Sumar; o, subiendo la apuesta, que se aspire a introducir en el relato nacional que el PNV, punta de lanza de la derecha vasca de toda la vida, es parte contratante natural del bloque de izquierdas. Y que el lendakari Urkullu considere que la Constitución de 1978 ha de ser superada por antigua, mientras pone como ejemplo de modernidad a la Galeuzka, creada en 1933 por nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, o al sistema foral, que tiene siglos de historia, mientras el PNV mantiene como lema "Dios y leyes viejas". Supermoderno y superprogresista.