Las vías de que dispone el PP para entorpecer una posible amnistía

El Gobierno ha resucitado el debate sobre el encaje de la amnistía dentro del texto constitucional. Desde que el PSOE admitiera que está dispuesto a abrir "vías de diálogo" con Junts para abordar una ley de amnistía, el debate legal y político ha vuelto a copar la agenda política. Son muchas las voces críticas hacia esta vía que consideran que es "anticonstitucional". Porque como ha señalado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, supondría aceptar que "España era una dictadura hace cinco años". Es decir, que el desafío de los catalanes el 1 de octubre de 2017 con su referéndum ilegal de independencia fue un acto legítimo contra un régimen no legítimo.

Si bien es cierto que independentistas llevan seis años exigiendo el perdón o la anulación de las causas derivadas del procés, esta es la primera vez que el Gobierno se plantea llevarlo acabo y, además, de manera exprés porque así lo ha exigido Carles Puigdemont para asegurarse de que puede volver a España sin imputaciones antes de dar su apoyo a un candidato. Si esto se llevara adelante, el actual Gobierno en funciones tendría todas las armas a su favor: tiene una mayoría favorable en el Congreso y la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional le resulta muy propicia. El resto de grupos no tendrían mucho margen de maniobra para frenar la iniciativa, pero sí que pueden emplear instrumentos que ralenticen el proceso legislativo o que lo contamine con presión política.

Los instrumentos con los que cuenta el PP

El escenario que podría darse en caso de que Pedro Sánchez acepte las condiciones del expresidente catalán, huido en Bruselas, se encontraría con su primera barrera jurídica, dado que el Gobierno sigue en funciones. De este modo, cabe presentar la iniciativa como un proyecto de ley, lo que para expertos jurídicos ya se consideraría inconstitucional. Partiendo de la base de que la fórmula que podrían escoger las fuerzas progresistas es la proposición de ley -no a iniciativa del Ejecutivo, sino de los partidos que lo sustentan en el Congreso-, el PP -como líder del bloque de derecha y opuesto a este proceso- podría plantear a la Mesa de la Cámara Baja la inconstitucionalidad. 

No obstante, el órgano de gobierno del Congreso podría rechazar la impugnación porque tiene mayoría progresista. Una condición que ya han utilizado el PSOE y Sumar para el reparto de los asientos en el Congreso, que el PP ha denunciado por salir desfavorecido. 

Si recibe la negativa de la Mesa, el PP podría presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional durante la tramitación de la ley. Esto fue lo que hizo el Grupo Parlamentario Popular en diciembre de 2022 contra la reforma del Código Penal que estaba impulsando el Gobierno en el Congreso. Los conservadores ganaron la batalla. No obstante, esta vez podrían perderla, ya que los miembros del TC han cambiado desde entonces: el tribunal ha pasado de una mayoría conservadora a una progresista. En todo caso, es un movimiento con el que los populares ganarían tiempo. 

El siguiente paso sería ralentizar el proceso en el Senado, donde los de Feijóo tienen mayoría absoluta tras las elecciones del 23-J. En todo caso, PSOE y Sumar podrían reducir los tiempos al presentar la iniciativa por vía urgente. De ser así, los populares solo podrían paralizar la norma en la Cámara Alta 20 días en lugar de 40. Aunque los senadores enmendaran todo el proyecto, podría seguir adelante gracias a la luz verde que recibiría al volver al Congreso.

En caso de que se aprobara una ley de amnistía, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado los populares tendrían tres meses para presentar el recurso de inconstitucionalidad. Para ello, tendrían que haber agotado todas las vías previas, ya descritas. A dicho recurso los diputados del PP podrían añadir argumentos como que ya los letrados del Congreso ya avisaron de que una ley de amnistía es inconstitucional o aportar el artículo 23 de la Constitución al entender que no han participado del proceso por haberse utilizado la vía urgente en un tema tan complejo: "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".

Si el TC se pronuncia en contra del recurso del PP, se habrían agotado todas las vías en España. Al PP solo le quedaría acudir a Europa. En función de cómo esté redactado el texto, se podría entender que la ley viola derechos fundamentales. En ese caso, el PP podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 

Acompañado de presión política

Mientras los diputados y senadores populares aprovecharían cada paso para ralentizar el proceso legislativo y buscarían otras vías legales para demostrar la inconstitucionalidad de la norma, el PP seguiría con su presión política, como ya está haciendo. Como hizo con la reforma del Código Penal, para eliminar la sedición y rebajar la malversación, buscarán copar la agenda política con este asunto. También podrán hacer lo suyo desde el Parlamento Europeo, según apuntan fuentes del partido.

El PP cuenta con el respaldo de líderes socialistas que se han rebelado contra la estrategia de Sánchez de abrirse a la amnistía. Como el exvicepresidente Alfonso Guerra y el expresidente Felipe González, los exministros Ramón Jáuregui y Jordi Sevilla o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También puede acudir al precedente de que el actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, rechazó la amnistía en pronunciamientos pasados o que los letrados del Congreso de los Diputados rechazaron una amnistía en 2021.

Los de Alberto Núñez Feijóo también hacen uso de la hemeroteca. Y es que Pedro Sánchez renegaba de la amnistía por "no tener recorrido" ni "caber" en la Constitución. También, días antes de las elecciones generales, aseguró que el independentismo "no ha tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá".