El Partido Popular se ha mostrado "de acuerdo" con el discurso que ha pronunciado este jueves el presidente del Tribunal Supremo durante la apertura del año judicial: el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dejado al alto tribunal en un estado "desolador". Fuentes del PP han asumido incluso que la culpa de esta situación es "de los dos", tanto suya como del PSOE. 

Francisco Marín Castán, presidente del Supremo en funciones, ha inaugurado el año judicial con una dura crítica a "los dirigentes políticos" y ha centrado sus palabras en reivindicar "la independencia judicial". "El Tribunal Supremo necesita, cuanto antes, volver a la normalidad, y no puede hacerlo sin una acción política decidida para ello. Es hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas, sería una enorme decepción sentir su falta", ha concluido Castán. Los populares aseguran que coinciden con este pronóstico, pero señalan por otro lado que el PSOE de Pedro Sánchez ha tomado la senda contraria al escoger -a finales del año pasado- a dos ex altos cargos socialistas para ocupar el Tribunal Constitucional. 

Tras presenciar a Marín Castán enunciar un discurso tremendamente crítico con los políticos responsables del bloqueo, el PP ha encajado el golpe afirmando su compromiso con "la independencia del Poder Judicial". Paralelamente, ha criticado al PSOE por aupar al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exasesora del Gobierno Laura Díez al tribunal de garantías. Según han denunciado en Génova, la elección de dos altos cargos políticos que llevaban menos de cinco años fuera del ejercicio supone un "retroceso" en el compromiso con la independencia judicial.

La apertura del año judicial se celebra de nuevo con el CGPJ bloqueado y el Supremo en alerta ante una posible amnistía

"No te puedes cargar a los árbitros", señalan fuentes del PP tras la inauguración de un año judicial que tendrá la amnistía en el centro del debate. Sobre este asunto -al que no se ha referido Marín Castán en su discurso-, los populares señalan que, en 2021, los letrados del Congreso de los Diputados concluyeron que una ley de amnistía sería "claramente inconstitucional". Así ocurrió cuando ERC, la CUP, el PDeCAT y Junts registraron en la Cámara una ley para amnistiar "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera fuera el resultado", desde el 1 de enero de 2013.

Si en 2021 la Cámara Baja rechazó la constitucionalidad de esta medida, en Génova se preguntan "qué ha cambiado desde entonces para que sea legal". Señalan además que los propios ministros y cargos del PSOE apuntaron en su día que la amnistía no cabe en la Constitución. En este contexto, el PP no parece dispuesto a tratar de pactar la renovación del CGPJ, como ha solicitado este jueves Marín Castán. Dicha renovación se produciría, en todo caso, "cuando no se ataque al Poder Judicial". 

En la apertura del anterior año judicial, el entonces presidente del Supremo y el Consejo, Carlos Lesmes, amenazó con renunciar a ambos cargos si no había un pacto político para desencallar la parálisis de la Justicia. Semanas después acabó dimitiendo y logró que Feijóo y Sánchez comenzaran a negociar. 

Sin embargo, el líder popular se echó atrás en el último momento al conocerse que Sánchez negociaba paralelamente con el independentismo la derogación de la sedición -a la que más tarde se añadiría una reforma de la malversación-. 

Pese a las advertencias que llegan continuamente desde el Poder Judicial y desde la Unión Europea, las esperanzas de un acuerdo entre los dos grandes partidos son mínimas mientras la formación de Gobierno no parece clara y el Ejecutivo en funciones trabaja en nuevas concesiones al independentismo.