La apertura del año judicial se celebró este jueves en el Tribunal Supremo sin que se mencionara una cuestión que, en realidad, estaba en la cabeza de todos los presentes: la posibilidad de que el Gobierno impulse una amnistía para beneficiar a los implicados en el caso del procés, que corre precisamente a cargo del alto tribunal. 

No hubo una sola referencia a esta cuestión en el discurso que enunció Francisco Marín como presidente interino de la institución, pero la amnistía fue una de las grandes protagonistas en las conversaciones que sucedieron al acto. 

Así, fuentes del Supremo señalaron durante la jornada que solo caben dos posibles reacciones si se aprueba una amnistía que afecte al caso que instruye Pablo Llarena: un recurso ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial presentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "Esas son las opciones, punto y final", apuntan las mencionadas fuentes, que dan por hecho que la ley de amnistía, si se elabora, encajará con los hechos que investiga el Supremo porque estará escrita exprofeso para el caso del procés.

El "único" que puede juzgar la legalidad de la norma es el tribunal de garantías, el Supremo tan solo puede aplicarla y presentar, en todo caso, una cuestión de inconstitucionalidad, explican las fuentes del tribunal, apuntando además que el Supremo deberá aplicar la amnistía mientras el Tribunal Constitucional resuelve sobre su encaje en la ley fundamental. 

Y si el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido avala la norma del Gobierno, la única vía será acudir a la Justicia de la Unión Europea. Sobre esta posibilidad ha conversado 20minutos con fuentes del Consejo General del Poder Judicial (el otro protagonista de la ceremonia, debido a su persistente bloqueo). Su tesis es que Europa podría poner pegas a una eventual ley de amnistía a los independentistas, pero no por dudar del encaje legal de la figura de la amnistía (admitida en países como Francia, Italia o Portugal). 

La ley que reclama Puigdemont podría encontrar oposición en la UE porque olvidaría, entre otros, los delitos de malversación cometidos en el marco de la declaración unilateral de independencia. Amnistiar un delito económico podría ser problemático en un contexto en que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha adoptado el firme compromiso de intensificar la lucha contra la corrupción en la UE. 

La inmunidad de Puigdemont sigue en el aire

Mientras el debate de la amnistía protagoniza gran parte de la actualidad política española, Carles Puigdemont sigue pendiente de una decisión firme sobre su inmunidad como eurodiputado. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se pronunció el 5 de julio levantando la inmunidad parlamentaria cautelar que protegía tanto al expresident como a su exconsejero Toni Comín. 

Sin embargo, la decisión es susceptible de ser recurrida ante el TJUE, algo que el abogado defensor de los fugados, Gonzalo Boye, deberá hacer antes del próximo 15 de septiembre, fecha en la que culmina el plazo. Esta posibilidad llevó al instructor del Supremo, Pablo Llarena, a no reclamar una nueva orden de detención europea contra Puigdemont y Comín, pues prefería esperar a una decisión firme.

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Ahora que el plazo para recurrir se acerca a su fin, el Supremo sospecha que Boye apurará hasta el último momento y que el TJUE tardará meses en resolver la cuestión. En pleno debate sobre la amnistía y tras la visita de Yolanda Díaz a Puigdemont en Bruselas, el alto tribunal no cree que el TJUE quiera pronunciarse sobre este asunto por el momento.

Por tanto, no hay expectativas de lograr traer a Carles Puigdemont a España para procesarlo antes de que se clarifique el asunto de la amnistía, contra la que el propio Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones.  

Aunque el PSOE y Sumar trabajan para encontrar el encaje constitucional de una amnistía, el alto tribunal la ha rechazado en varios de sus escritos, señalando que se trata de "un instrumento jurídico de sanción de sentencias injustas". En todo caso, no será el Supremo sino el Tribunal Constitucional el que acabe por determinar la constitucionalidad de la amnistía -si es que finalmente se produce-.