En estos tiempos que corren de negociaciones para configurar un gobierno, en los que el acento está en la amnistía y en el referéndum, quiero poner la lupa en un asunto que no es baladí y que afecta a todo el territorio. Me refiero a la financiación autonómica.

La insolidaridad que conllevan las pretensiones de los independentistas está cercenando el equilibrio territorial y consiguiendo el país más insolidario del mundo. Esta situación la estamos padeciendo desde el inicio de la democracia salvo en contadas excepciones de mayorías absolutas: desde los tiempos de Aznar, cuando hablaba catalán en la intimidad; hasta los de Zapatero, cuando se empeñó en aprobar un Estatuto inconstitucional; y los de Sánchez, donde a la amnistía y autodeterminación, se le suma una posible condonación de deuda de 70.000 millones de euros a Cataluña.

Los partidos independentistas aupados por una endiablada ley electoral, están consiguiendo prebendas en detrimento del resto de comunidades que no dan crédito a lo que está aconteciendo. La propuesta de Feijóo de promover mociones en parlamentos autonómicos y ayuntamientos para que se pronuncien sobre estas concesiones es un buen comienzo, pero no suficiente.

Sería primordial un acuerdo PP-PSOE para cambiar la ley electoral, de manera que se fije una segunda vuelta cuando no haya un ganador claro en los comicios, con el fin de configurar gobiernos estables, que velen por el equilibrio territorial real y por el bien común. Posteriormente, pueden convocar elecciones y, a partir de ahí que gane el mejor. De lo contrario, seguirán alimentando a formaciones independentistas a los que la gobernabilidad de España les importa un comino.