Greenpeace ha propuesto que España, siguiendo la estela de otros países europeos, introduzca un "abono único de transporte" en todo el Estado por un euro al día, una tarjeta que sea válida en todo el país, sin restricciones geográficas, horarias o de tipo de transporte público.

La organización ecologista defiende que este abono único permanente, permitiría "reducir la congestión del tráfico, disminuir las emisiones de CO2 y mejorar la movilidad sostenible en el país".

La propuesta concreta de abono que ha hecho la ONG y que ha llamado 'T-lleva', sería viable por 1 euro al día y permitiría a los usuarios utilizar todos los servicios disponibles, incluyendo autobuses, trenes, tranvías y otros medios de transporte público, fomentando así un cambio hacia medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente. 

La iniciativa ha surgido después de ver los "efectos positivos" de la implantación de los descuentos y abonos introducidos por el Gobierno de España desde septiembre de 2022 en el transporte público. Según su análisis, han llevado a un incremento medio de viajeros de un 23,53%.

En este informe también Greenpeace realiza un análisis comparativo con casos europeos, como Alemania y Austria, donde los abonos únicos de transporte han tenido una acogida favorable y "han demostrado su capacidad para estimular la demanda y atraer a nuevos usuarios gracias a su simplicidad y tarifa plana universal".

"Los actuales descuentos han sido una buena experiencia piloto, han funcionado y han incentivado el uso del transporte público. Ahora es necesario tomar iniciativas para que esto sea permanente. En el inicio de la nueva legislatura y de cara a 2024 es necesario que se tomen decisiones sobre la continuidad de estos descuentos", ha declarado Cristina Arjona, responsable de movilidad de Greenpeace. 

El coste, 2.000 millones al año

La organización ha calculado que el coste total de implantar un abono de 365 euros al año sería de alrededor de 2.000 millones de euros anuales.

Además, expertos en movilidad consultados por la ONG opinan que debería articularse esta medida en base a una ley de financiación estatal o en paralelo al desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible a nivel nacional que establezca medidas y directrices que ayuden a incidir en el cambio del reparto modal hacia nuevas formas de movilidad más sostenibles.

La organización hace hincapié en la necesidad de acompañar estos abonos con mejoras en la oferta y servicios de transporte, garantizando así un servicio de calidad y con capacidad de absorber la demanda. 

En la misma línea, otro estudio encargado por Greenpeace y publicado coincidiendo con la semana de la movilidad muestra que el sistema ferroviario europeo (líneas y estaciones), ha estado infra financiado y se ha reducido de manera importante en las últimas tres décadas. Mientras tanto, las infraestructuras más contaminantes, como las autopistas y los aeropuertos, se han expandido y han recibido una financiación masiva. 

Entre 1995 y 2018, los 30 países europeos analizados han gastado un 66% más en carreteras que en ferrocarril, dejando 13.717 km de líneas ferroviarias y más de 2.500 estaciones de ferrocarril cerradas para el transporte de pasajeros o desmanteladas. Durante este periodo, la longitud de las autopistas se ha ampliado un 60%, aumentando la demanda de transporte privado motorizado.

El sistema de transporte es responsable de casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea y del 29,7% en España que alteran el clima, recuerdan en Greenpeace. En la Semana de la Movilidad Greenpeace pide a los responsables políticos que cambien las prioridades de financiación hacia el transporte público para garantizar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y las necesidades de movilidad de las personas.