Enfado entre los guardias civiles por el gasto de 280.000 euros en pinganillos: "Para nuestro material alegan falta de crédito"

La Asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha mostrado su "malestar e incomprensión" por el hecho de que la Administración tenga previsto realizar un gasto de 280.000 euros para comprar pinganillos y cubrir el gasto de los intérpretes necesarios en los plenos del Congreso mientras que se deniega de forma sistemática la inmediata dotación de medios policiales de última generación a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, alegando una carencia presupuestaria para su adquisición.

En una nota de prensa, desde IGC consideran "necesario" que se priorice la dotación de medios humanos y materiales "a través de la adjudicación inmediata de pistolas Táser y cámaras corporales a todos los agentes, ya que son los encargados de garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio" y alegan que "con este material se podrían evitar situaciones que pueden llegar a comprometer la propia vida de los agentes y del conjunto de la ciudadanía".

Las pistolas Táser, continúa el comunicado, "están consideradas como armas de uso 'no letal', y son una herramienta de trabajo muy útil para los agentes a la hora de proceder a neutralizar una amenaza de gravedad en las que el agresor presente algún tipo de episodio de extrema agresividad o que pretenda utilizar armas blancas contra un tercero, permitiendo reducirlo de forma segura y efectiva, pero sin llegar a tener que emplear medios letales".

Según expone esta organización, este material "no tiene un coste desorbitado y, sin embargo, facilitaría la seguridad y eficacia de las actuaciones de riesgo en el desempeño de los cometidos profesionales de los agentes".

En los últimos años, en palabras de IGC, han visto como el principio de autoridad se ha debilitado, y denuncian que cada día se producen alrededor de 35 agresiones a agentes de la autoridad, lo que supone cerca de 1000 agresiones al mes.

Por todo ello, IGC solicita a las autoridades que prioricen el gasto de dinero público en las FCSE, ya que son las encargadas de mantener la seguridad de España y garantizar la protección de los ciudadanos frente a los actos delictivos que puedan amenazarlos.