Los vecinos de Vallvidrera exigen a Collboni presentar un recurso que salve la Casa Buenos Aires
- Los jóvenes que ocuparon la casa en marzo del 2019 deben pagar una multa de 65.000 euros.
- Janet Sanz declara ante el juez por la expropiación de la Casa Buenos Aires y defiende "el interés público"
El vecindario de Vallvidrera y la Plataforma en defensa de la Casa Buenos Aires reclaman al Ayuntamiento de Barcelona presentar un recurso que evite que siga adelante la sentencia del TSJC que declaró nula la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que calificaba el espacio como equipamiento público y la catalogación como Bien de Interés General que evitaba el derribo.
Los residentes del barrio y alrededores han pedido a Collboni que se posicione a favor del vecindario “y no de las grandes empresas que quieren acabar con el patrimonio modernista para hacer hoteles de lujo”.
Es necesario que los jurídicos municipales presenten el recurso de casación necesario antes del 10 de octubre si se quiere llegar a tiempo a frenar la sentencia del TSJC.
El inicio del conflicto
El veredicto se basa en varios errores administrativos y en la tramitación de la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), que se realizó en 2021, para que el espacio acogiera la calificación de equipación pública. El PSC apoyó la decisión de proteger el edificio, nombrándolo como bien de interés general, a la vez, que evitaba su derribo.
La controversia aparece en el año 2019 cuando La Casa Buenos Aires se encontraba con las puertas cerradas durante siete años. La congregación de los Padres Paüls, y el fondo de inversión London Private Company, firmaron la preventa del edificio para la construcción de un hotel de lujo.
Ante esta disconformidad por parte del vecindario, un grupo de jóvenes ocupó el inmueble en marzo de 2019. Finalmente, en octubre de 2020, la casa fue desalojada por los Mossos d’Esquadra.
65.000 euros de multa a los okupas del 2019
Los vecinos han hecho un llamamiento ciudadano para poder hacer frente a la multa de 65.000 euros que la juez impuso contra los okupas que frenaron el derribo de la casa tres años atrás.
Los afectados temen que el Ayuntamiento de Barcelona no ponga fin a la sentencia y que, finalmente, exista la hipótesis de devolver la propiedad a la congregación y a London Private Company.