El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha archivado provisionalmente la denuncia interpuesta contra un guardia civil de Cantabria por un presunto delito de extorsión. Habría usado su placa para no pagar en un burdel de la región, archivo que ha sido recurrido por los denunciantes.
Mientras, la magistrada del órgano judicial número 5 acordó incoar diligencias indeterminadas y dar traslado a la Fiscalía para que informase sobre la admisión a trámite de otra denuncia relacionada con los hechos anteriores, dirigida contra el coronel jefe de la Benemérita en la comunidad autónoma por no investigarlos.
Fruto de esas actuaciones, y según dictamen del ministerio público, la jueza ha solicitado a la Comandancia que informe, en el plazo de diez días, sobre esta denuncia y la presunta omisión del deber de perseguir delitos, y que remita copia de los expedientes iniciados con motivo de estos hechos.
Así consta en una providencia y varios autos, así como a las denuncias en torno a estos hechos, de los que también han informado a esta agencia fuentes jurídicas y de los denunciantes, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Las resoluciones judiciales han sido dictadas por ambos magistrados en lo que va de mes, y las denuncias se interpusieron a mediados del pasado mes de julio.
"No estaba conforme con los servicios prestados"
Una de ellas era contra el agente, que pertenecería a la Agrupación de Tráfico. Presumiblemente se habría identificado como tal para que le devolvieran 50 euros pagados en un club de alterne de la comunidad autónoma -el New Borgia de Heras, en Medio Cudeyo- "porque no estaba conforme con los servicios prestados" por la mujer que le atendió, en otoño del año pasado.
La denuncia recayó, según el turno de reparto, en el Juzgado número 1, que dirige Jaime Parra. Este concluyó en un auto que "de lo actuado no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", de ahí el sobreseimiento provisional de la misma, aunque ha sido recurrido por la agrupación profesional -el recurso ha sido admitido a trámite-.
La segunda denuncia, que recayó en el Juzgado de Instrucción 5, se interpuso contra el coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria, Antonio Orantos, por presunta omisión del deber de perseguir delitos -investigar al efectivo que reclamó el pago efectuado en el burdel-.
La misma se extendía también a la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y al teniente general Félix Jesús Blázquez González, nombrado en mayo para el Mando de Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid, del que depende la Comandancia de la región.
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