El abogado de la discoteca La Fonda Milagros, Francisco Javier Verdú, ha asegurado que nadie notificó la orden de precinto a los dueños del negocio incendiado el sábado causando la muerte a 13 personas.
En declaraciones a RTVE, este letrado portavoz del equipo de abogados que lleva la defensa de la discoteca ha explicado que sus clientes aseguran que operaban creyendo que todo estaba en regla.
"Ningún negocio puede funcionar sin licencia de actividad. Si el ayuntamiento considera que un negocio debe estar sin actividad pues viene y lo precinta y ya está. Es una prerrogativa que tiene y aquí nadie vino a precintar, nadie ha comunicado la revocación de la licencia, nadie ha comunicado el precinto. Por tanto no entiendo las palabras del Ayuntamiento", ha dicho.
Tras mostrar su condolencia a las familias, Verdú ha explicado que según le transmiten a él, hace 6 u 8 meses hubo una inspección municipal y se obligó al local a hacer unas obras dos puertas contra fuegos. "Después vinieron dieron su conformidad y seguía funcionando", ha dicho.
Para el letrado, la administración tenía constancia de que las discotecas funcionaban todos los fines de semana. "Y no hicieron nada por evitarlo".
Preguntado por la documentación de licencia, que la discoteca asegura que se quemó en el incendio, el abogado ha explicado que en estos momentos se está buscando los originales en la asesoría "para poder aportarla en el momento procesal en el que se requiera". "Me consta que se están haciendo gestiones para localizar la licencia, sí", ha insistido.
Según Verdú, los dueños de Teatre alquilaban el local a otra empresa que tenía licencia de actividad, y según le han dicho tenían seguro del mismo.
Una resolución no comunicada
Sobre las declaraciones del Ayuntamiento de que existía una orden de cese de negocio desde 2022, Verdú ha indicado que "ningún ayuntamiento permitiría que cada fin de semana pasaran miles de personas por aquí porque se estaría poniendo en riesgo la vida de esas personas, si no tuviera un plan de evacuación, un plan anti incendio".
Verdú ha considerado que "poner un precinto es tan fácil como llegar y ponerlo" y si el local está cerrado cuando llega el inspector, "pues se utiliza a la Policía Municipal con notificador, como se hace en miles de ocasiones. Y uno ya sabe los riesgos que asumen cuando rompe el precinto. Pero nunca jamás se notificó que no se podía abrir".
La estrategia de defensa está encaminada a que la resolución de cierre de negocio municipal nunca fue comunicada. A su juicio, "no basta con la existencia de una resolución. Las resoluciones hay que notificarlas. El Ayuntamiento puede dictar pero esa resolución se puede recurrir. Además, el Ayuntamiento podía haber pedido el cierre cautelarmente del mientras dure el procedimiento, pero "aquí no se ha hecho nada de eso", ha insistido.
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