Hay un elefante en el Tribunal Constitucional. Un complejo asunto que ha situado al órgano de garantías en el foco del debate político de manera "prematura", consideran fuentes del tribunal, que será quien decida sobre la constitucionalidad o no de una eventual ley de amnistía, si es que la hay. El Gobierno la estaría negociando con los partidos independentistas de Cataluña, pero los magistrados del Constitucional están "demasiado ocupados" haciéndose cargo de los asuntos que ya descansan sobre su mesa. No tienen tiempo para pensar en una norma que ni siquiera existe todavía, aseguran fuentes del órgano.
Quienes sí piensan continuamente en la medida de gracia son los líderes políticos, que cada vez más a menudo copan sus comparecencias públicas de menciones a la amnistía y al Constitucional. Esta circunstancia está generando cierto malestar entre los miembros del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido, especialmente tras una semana plagada de alusiones al órgano por parte de todo el espectro político.
El propio Pedro Sánchez se refirió a la corte de garantías el pasado martes, cuando avaló la "eficacia de los indultos" y aseguró que el acuerdo al que llegue con Junts y ERC seguramente acabará siendo estudiado por los magistrados del Constitucional.
Más explicito que el presidente en funciones fue Jaume Asens, negociador encargado de intermediar entre Sumar y el fugado Carles Puigdemont. Asens afimó el miércoles en TV3 que renovar el Tribunal Constitucional a finales del año pasado -sin los votos de Junts y ERC- fue "un paso necesario e ineludible" para llegar a la situación actual. Añadió que probablemente el juez instructor del procés, Pablo Llarena, planteará una cuestión de inconstitucionalidad si se aprueba la amnistía. Por eso mismo insistió en la necesidad de elaborar la norma con "rigor" para que pase "sí o sí" el filtro del TC.
El papel del Tribunal Supremo es otro de los asuntos peliagudos que rodean a la amnistía, visto que a principios de año Llarena dejó sin efectos la reforma de la malversación (ideada por el Gobierno para buscar el alivio penal para los condenados o imputados por el procés) al apreciar ánimo de lucro en las acciones de los malversadores y presuntos malversadores del 1 de Octubre. Ahora que el Ejecutivo se plantea conceder una amnistía, fuentes del Tribunal Constitucional anticipan que la ley que surja del pacto con ERC y Junts probablemente contará con algún tipo de "automatismo" para evitar que el Supremo pueda aplazar su aplicación al presentar una cuestión de inconstitucionalidad.
Volviendo a las alusiones que incomodan al Tribunal Constitucional, a lo largo de la semana han llegado varias también desde fuera del Gobierno, en boca de una derecha cada vez más crítica con el órgano que preside Conde-Pumpido. Este lunes, desde el Congreso de los Diputados, Santiago Abascal aseguró que Pedro Sánchez está tratando de "trasladar" a Moncloa el "golpe de Estado" organizado en 2017 desde la Generalitat. Más aún, afirmó que en esta ocasión el "golpe de Estado" estaría "travestido con ropajes de legalidad" gracias al "asalto" al Tribunal Constitucional perpetrado por el PSOE.
El jueves, coincidiendo con las declaraciones de Asens, Alberto Núñez Feijóo acudió a Onda Cero para conceder una entrevista y respondió lo siguiente a las preguntas de Carlos Alsina: "Con los nombramientos del Tribunal Constitucional, el Gobierno ha sembrado dudas de su imparcialidad". Cierto es que el Partido Popular ha cuestionado la imparcialidad del órgano de garantías desde que, a finales de 2022, el Gobierno logró renovarlo y aupó a su Pleno a dos magistrados muy cercanos al Partido Socialista: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso, vinculada al ministerio de Félix Bolaños entre 2020 y 2022.
Una vez renovado el órgano, con la incorporación a propuesta del CGPJ de los magistrados César Tolosa y María Luisa Segoviano, el Pleno del Constitucional decidió nombrar presidente a Cándido Conde-Pumpido, refrendado por su carrera jurídica pero cuestionado en ciertos sectores por su cercanía al PSOE, que le nombró fiscal general del Estado durante los años de José Luis Rodríguez Zapatero.
Las acusaciones de parcialidad han sido continuas desde entonces, repuntando en cada ocasión en la que el Constitucional ha dado su aval a una ley de la izquierda, empezando por la sentencia sobre la ley del aborto del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ratificada por el TC más de 12 años después de ser recurrida.
La deliberación en bloque se ha instaurado claramente en el pleno de la corte de garantías, con pocas excepciones en los últimos meses cuando se trata de abordar cuestiones de calado político. La mayoría progresista acostumbra a avalar con sus siete votos las leyes del Ejecutivo que se someten a estudio, mientras que los cuatro conservadores del Constitucional suelen votar siempre en el sentido contrario.
Si bien esto ya ha ocurrido en etapas previas de la historia del tribunal, la dinámica de bloques ha suscitado muchas críticas a lo largo de 2023 e incluso ha generado malestar dentro del órgano, según revelan fuentes internas molestas con que el Constitucional se haya convertido en un tribunal "previsible".
En todo caso, los magistrados permanecen por el momento ajenos a la conversación que a día de hoy tiene lugar en el terreno de la política. El debate se trasladará al Pleno del tribunal, si se da el caso, cuando se apruebe una ley de amnistía y la recurra alguien con la potestad de hacerlo. Hasta que llegue ese momento, el Tribunal Constitucional tiene "mucho trabajo" por hacer.
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