Ayuso reactiva la Ciudad de la Justicia: quiere tenerla en 2030 con 660 millones de inversión

Isabel Díaz Ayuso no renuncia al proyecto de la Ciudad de la Justicia para concentrar en una única sede todos los tribunales y juzgados del partido judicial de la capital en el barrio de Valdebebas. El Gobierno madrileño ya trabaja en un anteproyecto para licitar de nuevo el contrato de construcción del espacio, después de que la adjudicación que se impulsó en el tramo final de la pasada legislatura fuera declarada desierta. 

El Ejecutivo regional ha tomado buena nota de lo sucedido con la anterior intentona y ha mudado por completo el modelo con el que, ahora sí, espera levantar el campus judicial. De un sistema de concesión a 40 años se ha pasado a la construcción directa por parte de la Comunidad con una inversión global de 660 millones de euros que se ejecutarán por fases a lo largo de los próximos siete años, ya que el planteamiento de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local pasa por tener completada la obra en 2030. 

El cambio de planteamiento podría aumentar el atractivo de la Ciudad de la Justicia entre las constructoras, a las que la iniciativa de concesión a largo plazo generó incertidumbre en el contexto actual de crisis de materiales, tipos de interés al alza e inflación. Esta falta de interés motivó el fracaso de la licitación, primero, y del procedimiento negociado sin publicidad después.

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Con el nuevo proyecto, la Administración regional ostentará la plena propiedad de las instalaciones y será la beneficiaria de los ingresos obtenidos por la explotación de servicios adicionales, según señalan fuentes del departamento que dirige Miguel Ángel García. 

Los Presupuestos para 2024 que ultima el Ejecutivo incluirán una partida para licitar y adjudicar el proyecto básico de obra en torno al próximo verano. Esta es la que se ha denominado fase 0, que concluiría a principios de 2025 con el inicio de las obras en los terrenos anexos al Instituto de Medicina Legal y al hospital Isabel Zendal, toda vez que la empresa que resulte adjudicataria desarrolle los detalles de la obra. 

Construcción por fases

La fase 1 contempla la urbanización perimetral de 155.400 m2, un parking público con 60.000 m2 y la construcción de los primeros cuatro edificios. Los órganos que se prevé trasladar inicialmente a Valdebebas, a lo largo del año 2026, son el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) -que se diseñará como un edificio "emblemático"-, la Audiencia Provincial y los 105 juzgados de Primera Instancia, que ahora están dispersos por la capital. 

Con el calendario estimado que se maneja en la actualidad en los despachos autonómicos, la fase 2 estará dando sus primeros pasos hacia el final de la legislatura que acaba de comenzar, en 2027. En este momento de desarrollo del proyecto se aspira a levantar dos edificios que albergarán 19 juzgados mercantiles, 49 de lo social y 34  contencioso-administrativos, todos ellos con aparcamientos subterráneos propios. 

Las siguientes fases (3 y 4) se llevarán a cabo en la próxima legislatura (2027-2031) y estarán centradas en levantar los órganos del orden penal. Así, en el último periodo de la obra se construirán edificios para localizar 54 juzgados de Instrucción, 37 de lo Penal, 11 de Violencia sobre la Mujer, siete de Menores y seis de Vigilancia Penitenciaria. Además, se materializarán otros espacios como la Fiscalía y el Archivo Judicial, entre otros. Para entonces, la Comunidad espera que ya esté en funcionamiento la línea 11 de metro hasta el cercano intercambiador cuya construcción ya está cerca de finalizar.

La Ciudad de la Justicia que ansía Díaz Ayuso en Valdebebas tiene una superficie de más de 435.000 m2, de los que 198.711 se sitúan bajo rasante y el resto en superficie. Es una extensión suficiente para cubrir las necesidades actuales y futuras del partido judicial de la capital, que además supondrá un ahorro de más del 50% de los costes actuales que se destinan a servicios y alquileres, de acuerdo con los cálculos que maneja el Ejecutivo regional. Además, al ser edificios nuevos y con mayor eficiencia energética también se contempla un ahorro en las facturas de suministros.

El planteamiento que se hacen en la Consejería de Presidencia pasa por ir haciendo los traslados de las actuales ubicaciones a los nuevos espacios a medida que estos vayan finalizándose y equipándose con el material necesario. En cualquier caso, las primeras mudanzas no llegarían antes de 2026, si todo sale como el Gobierno regional espera y desea.