El mercado laboral en septiembre tiene habitualmente dos caras: la de la creación de empleo debido a la contratación de profesores para la vuelta al cole y, al mismo tiempo, la de la merma de trabajadores en hostelería, por el fin de la temporada de verano. Sin embargo, este año la destrucción de puestos de trabajo ha excedido a los sectores más turísticos y a afectado también a las administraciones públicas, que en el último mes han perdido más trabajadores incluso que la hostelería. Septiembre ha sido un mes especialmente sangrante en términos de empleo para un sector público en el que la temporalidad sigue enquistada: uno de cada tres trabajadores son temporales.

La Seguridad Social ganó en el noveno mes de 2023 una media de 18.295 afiliados con respecto a agosto, según los datos difundidos esta semana por el Ministerio de Inclusión. El crecimiento positivo del volumen de trabajadores, hasta un total de 20,72 millones, se ha debido fundamentalmente al empuje de la educación, que sumó 85.817 nuevos ocupados. Ese alza compensó la destrucción de 40.024 empleos en el sector del comercio y 32.223 en hostelería, unos descensos en afiliación que suelen ser habituales en el mes de septiembre, coincidiendo con los últimos coletazos del verano. En el noveno mes de 2022, por ejemplo, ambos sectores perdieron respectivamente 36.279 y 33.442 trabajadores.

No obstante, comercio y hostelería no fueron los únicos sectores donde se redujo la ocupación en septiembre. Sobresale también la caída de la afiliación con respecto a agosto en 39.503 personas en la Administración Pública, englobando en ella al sector de Defensa, pero no  a los empleados públicos de Educación o Sanidad, por ejemplo. De hecho, en el ámbito sanitario se destruyeron otros 9.800 empleos adicionales. 

El descenso de septiembre en el número de trabajadores de la Administración Pública es el más abultado en, al menos, quince años y supera incluso al registrado en hostelería. Según los datos de Inclusión, desde 2009, la ocupación ha disminuido en el sector público en los meses de septiembre en 14 ocasiones —en todo el periodo, salvo en 2017, cuando se crearon 1.138 empleos con respecto a agosto—, pero lo ha hecho siempre de forma mucho más modesta. Hasta la marca anotada en el último mes, la media de caída de la ocupación en la Administración Pública en los meses de septiembre rondaba los 12.230 trabajadores, muy por debajo de los casi 40.000 empleos destruidos en esta ocasión. 

"Nunca un mes de septiembre había sido tan devastador para el empleo público", valoran desde CSIF, quienes tras conocerse los datos este martes reclamaron una reunión "urgente" con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para evaluar la situación. Desde el sindicato niegan a 20minutos que el Departamento encabezado por María Jesús Montero haya respondido a su petición y se muestran preocupados. "Queremos poner la voz de alarma, porque nunca antes había pasado algo así, ni tan siquiera durante la crisis de 2008. Algo está pasando", advierten.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, el 26,8% de la caída de la ocupación en la Administración Pública en septiembre se ha concentrado en la provincia de Barcelona, donde se han perdido 10.573 afiliados a la Seguridad Social. La siguen Girona y Zaragoza, con sendos descensos en más de 4.600 personas, mientras que en Huesca y Toledo se rondan los 2.000. Contrasta el comportamiento de Madrid, donde la Administración ganó en septiembre una media de 1.690 trabajadores. 

Dentro del sector público, la estadística de afiliación a la Seguridad Social no hace distinción por niveles de gobierno, por lo que los datos no permiten identificar si la caída de ocupación se ha centrado en el nivel estatal, autonómico o local, ya que cada uno cuenta con sus propios organismos y empleados. El Boletín Estadístico del Personal contabiliza 2,7 millones de personas trabajando en el sector público, de las cuales el 18,87% corresponde al nivel estatal, el 59,21% al autonómico —abultado por los efectivos de Sanidad y Educación— y el 21,92% al local.

Madrid convoca una nueva oferta de empleo para maestros, médicos o administrativos

Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública señalan a 20minutos que en la Administración General del Estado (AGE) se ha producido "poca variación" en el volumen de empleados. En todo caso, enmarcan la caída de la afiliación en la dinámica "habitual" del empleo, apuntando a jubilaciones y al fin de contratos de interinos. "La Administración General del Estado cuenta con una plantilla envejecida y tensionada en áreas y organismos fundamentales, lo que dificulta la prestación al ciudadano de unos servicios públicos de calidad", denuncian desde CSIF. El sindicato apunta también a jubilaciones y al cese de interinos como posibles explicaciones a la caída de la ocupación y remarcan que la temporalidad es uno de los grandes lastres del empleo en el sector público.

31,1% de temporalidad

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el 31,1% de los 1,1 millones de trabajadores de las administraciones públicas son temporales, un porcentaje que duplica la tasa de temporalidad en el sector privado, donde el 13,9% de los empleados están contratados bajo esta modalidad. En las administraciones hay proporcionalmente más trabajadores temporales, y además permanecen más tiempo en esas condiciones: el 75,1% de los empleados públicos en interinidad o bajo un contrato temporal lleva más de un año en esa situación —frente a un 55,6% en el sector privado—, mientras que un 2,7% lleva menos de un mes —18,1% el privado—.

La proporción de trabajadores con contratos temporales en las empresas privadas ha ido cayendo progresivamente tras la entrada en vigor de la reforma laboral, que precisamente pretendía priorizar la contratación indefinida. Sin embargo, en el sector público la temporalidad se resiste a bajar, lastrada por la proporción de funcionarios interinos, especialmente en la administración autonómica y local. En conjunto, según los datos de la EPA, hay comunidades en las que la temporalidad en el sector público supera el 40%, como ocurre en País Vasco (49,4%) y Asturias (41,7%), mientras que otras como Extremadura y Navarra rondan ese umbral. Solo La Rioja, Andalucía, Cataluña y Madrid se sitúan por debajo del 30%.

España se ha comprometido a reducir la tasa de temporalidad en el sector público por debajo del 8% a cierre de 2024, una meta para la que las administraciones públicas han puesto en marcha procesos de estabilización de empleo enmarcados en voluminosas ofertas de empleo público, con el objetivo de reducir el número de interinos y mejorar la calidad del empleo. "Las ofertas de empleo público de los últimos años, aunque han sido cuantiosas, deben complementarse con un plan de empleo a corto y medio plazo para garantizar la sostenibilidad del sistema", reclaman desde CSIF. El sindicato también reclama "transparencia", agilización de los procesos, potenciación de la promoción interna y creación de empleo neto. "O se aceleran los procesos o nos tememos que no se dará cumplimiento al objetivo del 8%", avisan.