Sumar presentó este martes un 'dictamen sobre una propuesta de ley de amnistía'. Un documento de 40 páginas que, por primera vez, explicaba extensamente y con concreción de qué habla Sumar cuando habla de amnistía. Amnistiar consistiría, según el documento, en "articular una política criminal" menos punitiva que asuma "el coste social del conflicto político catalán" y "apueste" por superarlo a través de la "renuncia a la persecución penal de ciertos delitos". Todo ello una vez que "la huida hacia el Derecho penal" ha demostrado ser "abiertamente ineficaz" para resolver el conflicto, una tesis que defiende el escrito pero genera serias dudas entre determinados juristas, que consideran que es un error cuestionar la labor del Poder Judicial.

El dictamen, redactado por cinco juristas de la confianza del partido, aúna varias críticas a las actuaciones judiciales contra el independentismo. De hecho, toda la propuesta se construye sobre la idea de que el Poder Judicial ha respondido al procés aplicando penas "desproporcionadas" y privativas de "derechos fundamentales". Una estrategia que, según defiende el dictamen, ha demostrado ser "ineficaz".

Esta tesis, alineada con la que defienden los partidos independentistas desde 2017, podría ser un problema para la viabilidad de la ley de amnistía si se incluye entre sus motivaciones, según señalan varios juristas y catedráticos de Derecho Constitucional a 20minutos. Recuerdan, por otro lado, que el documento presentado por Sumar es tan solo un preámbulo, no un texto legal, y que puede no tener nada que ver con lo que finalmente se refleje en una hipotética ley de amnistía. 

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"Creo que no sería, en términos de diplomacia procesal, una buena idea trasladar a la exposición de motivos de la norma la idea de que las penas han sido desproporcionadas y poco eficaces", apunta en este sentido el catedrático Xavier Arbós. En primer lugar, señala, porque significaría asumir que hay "un consenso respecto a la desproporción y la ineficacia de las penas". Además, añade, medir o valorar la ineficacia de una pena "no es sencillo". "¿A qué se refiere el texto cuando dice que las penas no han sido eficaces? La eficacia de una pena, más allá de promover la rehabilitación del delincuente, es disuadir a la sociedad de incurrir en comportamientos delictivos". 

Coincide con Arbós el catedrático en Historia del Derecho y autor de Historia del indulto y la amnistía: de los Borbones a Franco, Manuel Torres Aguilar. Según Aguilar, "proponer una enmienda a la totalidad de la actuación del Tribunal Supremo no es el camino". "Cuando uno lee el informe hay una sentencia de revisión de la actuación del Supremo y la Fiscalía. Esa no es la vía para establecer un marco de generosidad del Estado", señala el catedrático a este periódico, que sostiene que la tesis de Sumar "supone ponerte frente al Poder Judicial, señalar que es el Estado quien debe pedir perdón". 

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Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV), apunta que "en ningún caso es necesario deslegitimar las actuaciones de las instituciones y del Poder Judicial para dar soporte a una iniciativa como lo amnistía". "No hace falta arrasar con todo para conseguir un objetivo político", explica Vaquero, concernido por el "grave riesgo" de "destruir la legitimidad de las instituciones". 

"La tesis de que la respuesta judicial al procés es desproporcionada es una mera valoración política", sentencia por su parte el catedrático Lorenzo Cotino, defensor de la idea de que "la amnistía no tiene por qué ser consecuencia de la injusticia de un sistema jurídico". A su parecer, "señalar esto no es en absoluto necesario para justificar" la medida de gracia: "Puedes justificar una amnistía basándote en la existencia de un conflicto político que ha provocado la condena o investigación de cientos de personas". 

De hecho, el dictamen publicado por Sumar también presenta la amnistía como la vía para solucionar "un conflicto político". El documento pone de relieve al comienzo de su segundo capítulo que la Constitución "no impone un modelo específico de política criminal" y que "el sistema penal español ha vivido fases de descriminalización" y otras de "clara expansión del Derecho penal". Así, recalca el escrito, "la doctrina del Tribunal Constitucional reconoce al legislador un amplio espacio de juego para que determine su línea político-criminal".

Eso sí, ante una ley de amnistía, que según sostiene el partido de Yolanda Díaz cuenta con una clara cobertura constitucional, el tribunal de garantías obliga a una justificación. En este caso, Sumar fundamenta esta justificación en la "utilidad social" de la norma como respuesta a "un conflicto político". 

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El texto declara incluso el "fracaso de la política criminal punitivista" y propone sustituirla por la amnistía, que se presenta como una "segunda fase" de la política despenalizadora que se inició con la concesión de los indultos, la derogación de la sedición y la modificación de la malversación. 

Esta segunda fase, apunta Sumar, "tiene como rasgo fundamental la desconfianza hacia la utilización exclusiva del Derecho penal como instrumento para la solución" del conflicto que se ha visto agravado por las "actuaciones lesivas de derechos fundamentales" que han realizado todas las partes "en un contexto de tergiversación del orden público".

Según explica Manuel Torres Aguilar, las amnistías "siempre" se han utilizado como soluciones a conflictos políticos, "pero no como un cheque en blanco, hay que acotar muy bien su justificación. A su juicio, una ley de amnistía no debería entrar en esa cuestión, porque "no ha habido una utilización política del derecho". 

"Esa argumentación, si acaba recogida en la exposición de motivos de la ley, haría que la norma sea perfectamente rechazable por el Tribunal Constitucional", concluye el catedrático. Tanto él como otros entrevistados señalan, sin embargo, que el dictamen publicado por Sumar tiene una parte "muy política". Consideran, de hecho, que se trata de "un planteamiento de máximos" que busca marcar una diferencia con el Partido Socialista.