La Guardia Civil de Soria ha puesto fin a la actividad de una organización delictiva centrada en la explotación laboral de ciudadanos extranjeros, tanto comunitarios como extracomunitarios procedentes de África y que carecían de cualquier tipo de autorización para trabajar en España. En denominada operación Machatasha se ha identificado a 45 víctimas, que trabajaban casi en régimen de "esclavitud", según subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre. Además, se han detenido a seis personas y se investiga judicialmente a otras cuatro.
La Comandancia de la Guardia Civil de Soria tuvo conocimiento, a principios del pasado mes de julio, de que en las localidades de la Ribera del Duero soriana personas extranjeras estarían realizando labores agrícolas sin las preceptivas formalidades legales. Así lo han expuesto en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y el teniente coronel de la Guardia Civil en Soria, Sergio Peñarroya.
La operación arrancó los días 6 y 7 de julio, con sendas disputas entre propietarios e inquilinos de viviendas en la zona de San Esteban de Gormaz y El Burgo de Osma, en ambos casos por temas económicos. Aunque a priori no parecían relacionadas, las pesquisas encontraron un nexo en común en una tienda de San Esteban.
Iniciadas las investigaciones, la Guardia Civil tomó declaraciones a 45 trabajadores de una explotación agrícola donde se hallaron indicios de la existencia de un entramado de personas que los contrataban, permitiendo la posterior investigación acreditar la existencia de una organización criminal ahora desarticulada.
Sin contrato y obligados a aceptar las condiciones
En cuanto a la tipología de las víctimas, se detectó la existencia de dos grupos diferentes. Por un lado, había nueve personas procedentes de países del Magreb y también alguna subsahariana, las cuales por su situación irregular en España carecían de cualquier autorización para trabajar.
El segundo grupo de personas lo formaban personas de países de la Unión Europea, lo que les habilitaba para poder trabajar en las mismas condiciones que los nacionales, pero que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Aunque podían ser dados de alta en la Seguridad Social, todos ellos carecían de contrato y eran obligados a aceptar las condiciones dictadas por la organización. Se han detectado igualmente episodios de amenazas a las familias de las víctimas en los países de origen.
10 euros de beneficio y 900 de deuda
La investigación ha permitido acreditar que las condiciones de explotación por parte de la organización a las víctimas se prolongaban incluso cuando las mismas finalizaban la relación laboral, obligándolas a hacerse cargo de una deuda que, según la organización, se ocasionaba por su alojamiento, manutención, supuestos trámites burocráticos, traslados desde sus países de origen y en general cualquier excusa. Las coacciones se mantenían en el tiempo generando miedo en las víctimas.
Ninguno de los salarios investigados llegaba al salario mínimo legal y, de manera habitual, los gastos supuestamente generados superaban la cantidad a percibir. Peñarroya ha puesto el ejemplo de dos personas de un matrimonio que, después de estar todo el mes trabajando, tuvieron 10 euros de beneficio y generaron 900 de deuda. Además, el teniente coronel ha explicado que en alguno de los pisos vivían 17 personas, algunas de las cuales tenían que compartir colchón sin conocerse de nada.
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