El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, se posicionará públicamente el próximo lunes sobre las cinco vías para un referéndum de autodeterminación que propone el informe del comité de expertos que fue designado hace medio año por el mandatario catalán para estudiar esta cuestión.

Aragonès encargó en abril a un consejo de académicos seleccionado por el gobierno catalán que elaborase un informe que le serviría de base para diseñar su propuesta de acuerdo de claridad, siguiendo la vía canadiense con el Quebec.

Según han explicado fuentes del Govern, el informe final, coordinado por el politólogo Marc Sanjaume-Calvet, fue entregado este pasado lunes al presidente catalán, que a lo largo de esta semana está analizando su contenido y diversas conclusiones, expuestas a lo largo de 64 páginas.

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Aragonès se reunirá el próximo lunes 16 de octubre a primera hora de la mañana con el consejo académico en el Palau de la Generalitat y, a continuación, su coordinador, Marc Sanjaume, comparecerá ante los medios.

Justo entonces, el president convocará una reunión extraordinaria del Consell Executiu del Govern para exponer ante sus consellers el contenido de ese informe y, posteriormente, pasado el mediodía, expondrá en rueda de prensa su postura acerca de dicho trabajo académico y sobre el acuerdo de claridad mediante el cual pretende pactar un referéndum de autodeterminación con el Estado.

¿En qué se inspira el acuerdo de claridad de Aragonès?

La propuesta del president se basa en la llamada vía canadiense: en el año 2000, tras la persistencia de las demandas secesionistas de la provincia francófona del Quebec (celebró dos referéndums en 1980 y 1995, el segundo con victoria unionista por la mínima), el Gobierno canadiense aprobó una ley de claridad tras solicitar la opinión del Tribunal Supremo.

La ley definía aspectos de un futuro hipotético referéndum pactado, como que el Parlamento canadiense podía decidir si la pregunta que Quebec formulaba era suficientemente clara o si los votos obtenidos por los independentistas bastaban para imponerse.

Y especificaba farragosos asuntos que entrarían en una eventual negociación, como fronteras, reparto de propiedad pública, deuda nacional o derechos de minorías lingüísticas y naciones indígenas.

Los expertos proponen cinco vías para un referéndum

Para dar solidez a su propuesta, el pasado 19 de abril, Aragonès constituyó un grupo de expertos académicos y les planteó cinco preguntas a analizar en su informe, con el objetivo de poder empezar a definir cómo debería ser un eventual referéndum pactado.

Esas preguntas aludían a qué características debería incluir un acuerdo de claridad, qué mecanismos existentes había en la política comparada, qué actores deberían participar en el proceso o qué características y función debería tener un referéndum u otros mecanismos análogos para disponer de legitimidad y validez.

Seis meses después, en ese informe, los académicos han planteado a Aragonès hasta cinco fórmulas que darían cobertura a un posible referéndum pactado con el Estado.

Los expertos sugieren por ejemplo un referéndum en Cataluña sobre la conveniencia de que el Parlament apruebe iniciar un proceso de reforma constitucional, que podría incluir la independencia; una consulta de "ratificación" de un eventual acuerdo político que no necesariamente sea sobre la independencia; un referéndum en todo el Estado sobre si hay que autorizar a Cataluña a votar sobre su independencia; una votación estatal de ratificación de los términos de la desconexión; o bien dos consultas paralelas en Cataluña y en todo el Estado.

La consulta en Cataluña como vía óptima

El informe apunta que los referéndums en un territorio subestatal son la fórmula más habitual en política comparada internacional para resolver conflictos territoriales, opción que tendría la "ventaja de permitir identificar con precisión las preferencias de la ciudadanía de Cataluña sobre la cuestión planteada".

Pero también advierte de los posibles "inconvenientes", como podrían ser "las dificultades sobre la viabilidad jurídica y el hecho de que su resultado no sería vinculante jurídicamente y estaría supeditado a negociaciones posteriores".

Los expertos, en todo caso, van más allá de estas cinco opciones y también proponen incluso mecanismos análogos alternativos para solucionar el conflicto, como serían un acuerdo político entre Estado y Generalitat o bien unas elecciones plebiscitarias, que difícilmente ofrecerían garantías si no contaran con el consenso de todas las fuerzas políticas, alertan.

Pregunta clara, respuesta binaria

Aragonès conoce además cuáles son las características que, según esos expertos, debería tener un referéndum para gozar de legitimidad y validez: el informe considera que debería ser aceptado y reconocido por las dos partes, para no ser recibido como "de parte", y debería respetar la legalidad vigente, que podría ser "modificada" si existe consenso.

Y concretan más, al recomendar que debería incluir una pregunta "clara y concreta", con respuesta binaria que sea también "directa, breve, comprensible, neutral y no ambigua"; o sugieren que se podría establecer una cifra de participación mínima, si bien advierten de que si esta fuera "demasiado elevada", podría abrir el riesgo a que se hicieran campaña a favor de la abstención.