Más de 12 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social en España, esto es, un 26% de la población. Una situación lastrada especialmente por tres factores clave: la inflación, el gasto en vivienda y la crisis energética, según ha alertado este martes la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en la presentación de su XIII informe El Estado de la Pobreza en España. El panorama, sin embargo, podría ser mucho más grave. De no ser por las políticas de protección social ni pensiones públicas, la pobreza azotaría a casi la mitad de la población española.  "Tenemos un problema estructural en España", ha advertido Carlos Susías, presidente de EAPN-ES, durante la presentación de los resultados.

En esta última edición, la coalición de ONGs ha querido incorporar una novedad a su estudio anual, añadiendo un análisis de la relación entre las tasas de pobreza y otros elementos más concretos, como la vivienda, el género, la edad o la "influencia del hábitat". Las conclusiones, alerta el informe, "son muy preocupantes". Hay tres motores "clave" para la generación de la pobreza en España: el coste de la vivienda, la brecha de género y el apoyo insuficiente a las familias con niños. 

Así lo reflejan los datos. Cuatro de cada cinco personas con un gasto elevado en vivienda eran pobres en 2022 (el 79,1%). Las personas en situación de pobreza suelen tener menos posibilidades de acceder a la compra de una vivienda por no tener recursos para una entrada, por ejemplo, por lo que suelen ser quienes alquilan más. El hecho de alquilar, precisa el informe, además de generar inseguridad, "resulta mucho más caro que la hipoteca, y consume una parte importante de los recursos disponibles". Casi el 40% de los ingresos de un hogar pobre, según la investigación, se esfuman en el alquiler. Un esfuerzo más de tres veces superior al que realizan las personas no pobres (12,5 %).

Desigualdad de género estructural

Los resultados constatan también que "la desigualdad de género es un problema histórico y estructural que requiere abordajes específicos". Según el informe, el 27,2% de las mujeres y el 24,8% de los hombres estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión en 2022. "Además, las políticas de recuperación no llegan por igual a ambos sexos: desde 2015, las políticas sociales han conseguido que haya medio millón de hombres pobres menos, mientras que solo 61.000 mujeres han salido de la pobreza en el mismo periodo", advierte EAPN-ES.

"En todos los indicadores la mujer está peor que el hombre, no es algo coyuntural. Esto quiere decir que cualquier medida que se haga pensando que afecta al ámbito de pobreza, hay que ver cómo afecta a mujeres y cómo afecta a hombres; porque no les afecta de la misma manera", ha incidido Susía. 

En esa línea, otra de las conclusiones "más preocupantes" del estudio es que aquellas familias con menores de edad a cargo son las que registran cifras más altas en todos los indicadores de pobreza y exclusión. Esto, al final, repercute en las cifras de pobreza infantil, que acaban elevándose. Casi 2,6 millones de niños y adolescentes están en riesgo de pobreza y exclusión social en España, es decir, un tercio del total. Y, como se viene alertando en los últimos años, "la peor parte" se la llevan las familias en las que solo hay un adulto al frente: las familias monoparentales. La mitad (el 49,2%) está en riesgo de pobreza y/o exclusión, lo que está a su vez muy ligado con el factor de género, pues prácticamente todos los hogares monoparentales están encabezados por una mujer.

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El empleo y la educación pierden su carácter protector

Además, tanto el empleo como la educación pierden fuerza a la hora de ser un escudo de protección frente a la pobreza. Una de cada tres personas pobres (32,9%) tiene un empleo remunerado, lo que demuestra que la concepción de que el trabajo es un instrumento para salir de la pobreza no es más que "una verdad a medias", según ha defendido Susías. "Solamente cumple esa función cuando tiene determinado tipo de calidad, una retribución suficiente, estabilidad y condiciones laborales adecuadas", ha incidido. 

Lo mismo sucede con la educación. 1,4 millones de personas con educación superior son pobres, una cifra que se ha duplicado desde 2008 (674.000) y anota el peor dato de todo el periodo. Dicho de otro modo, el 42,9% de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social ha finalizado estudios medios o altos, mientras que una de cada diez está en riesgo de pobreza. 

Recuperación tras la pandemia

Las cifras, eso sí, señalan un retorno "casi completo" a los datos previos a la crisis económica provocada por la pandemia de Covid, según ha señalado Juan Carlos Llano, responsable de Investigación de EAPN-ES.

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social —la tasa AROPE, que detecta a la población que se encuentra o bien en riesgo de pobreza, o en situación de privación material severa o vive en hogares con una intensidad de trabajo muy baja— ha bajado a sus niveles más bajos desde 2014, hasta el 26%. Es el primer descenso de los últimos años, y respecto a 2021 supone una reducción de unas 800.000 personas que ya no están en esta situación. Hay además, importantes diferencias territoriales. La tasa AROPE se reparte en España en dos mitades: datos muy buenos en el norte de la península, y datos muy malos en el sur. 

Lo mismo sucede con la tasa de pobreza que, aunque abarca a unos 9,6 millones de personas —el 20,4% de la población española—, la cifra supone una reducción de 1,3 puntos porcentuales respecto a los datos anteriores y se sitúa a niveles cercanos a 2009: 580.000 personas salieron de la pobreza de 2021 a 2022. 

Aunque en algunos casos ambas condiciones coincidan, no es lo mismo estar en riesgo de pobreza que en una situación de privación material social y severa. Este último es un indicador de vulnerabilidad que incluye a aquellas personas que no pueden afrontar siete o más elementos, de un total de 13 considerados básicos para la participación en sociedad, como mantener la casa a una temperatura adecuada; irse de vacaciones al menos una semana al año; comer pollo o pescado al menos cada dos días, afrontar gastos imprevistos; o tener un ordenador. Pues bien, en 2022, unos 3,6 millones de personas —el 7,7% de los españoles— vivían con privación material y social severa: el segundo dato más bajo de la serie que se empezó a recopilar en 2014. 

Sin embargo, al desglosar los ítems, aparecen algunos resultados preocupantes. La pobreza energética, por ejemplo, lleva cuatro años incrementándose, hasta alcanzar el 17,1% de españoles que no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada en 2022. También ha incrementado la cantidad de personas que no puede irse de vacaciones una semana al año (del 32,7 en 2021 al 33,5% en 2022); así como la proporción de españoles que no puede permitirse comer proteínas cada dos días (del 4,7 al 5,4%).

"Erradicar la pobreza depende de decisiones políticas"

La evolución, pese a ser favorable, no es la que debería. En Europa, España tiene la quinta tasa AROPE más alta, solo superada por Rumanía, Bulgaria, Grecia y Lituania. Además, no se están cumpliendo las previsiones marcadas hace casi diez años por la Unión Europea (UE) para llegar a ciertos objetivos en 2030. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, por ejemplo, tendría que abarcar a 1,8 millones de personas menos de las que lo ha hecho este último año para cumplir proporcionalmente con el compromiso anual del indicador. "Aunque los datos son buenos, queda muchísimo por hacer. Hemos avanzado muy poco sobre el camino que debemos seguir", ha advertido Juan Carlos Llano.

El no estar consiguiendo las metas es, para EAPN, razón más que suficiente para plantear un pacto estatal de prevención y lucha contra la pobreza, según ha defendido en la rueda de prensa Ruth Caravante, técnica de Incidencia de la organización. "Hay que acelerar el cumplimiento de indicadores comprometidos con agenda 2030. No son solo números, son derechos de personas que no están garantizados", ha aseverado. El consenso político, según ha asegurado, existe. Se vio con el decreto aprobado en verano para paliar con las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Para Caravante, este pacto tendría que garantizar "una vida digna en paz y seguridad", con medidas dentro del mercado laboral (mejorando la calidad de los empleos) y fuera, con un fortalecimiento del sistema de ayudas a los hogares más vulnerables, y un abanico de herramientas para garantizar que se cumpla la ley de vivienda, entre otras. "Erradicar la pobreza es una cuestión de derechos que depende de decisiones políticas", ha concluido.