No renovar ninguna de las medidas de apoyo a hogares y empresas por la guerra en Ucrania sumaría a las arcas públicas alrededor de unos 9.000 millones de euros en 2024. De ellos, alrededor de 4.900 vendrían por el incremento de ingresos que llegarían si finaliza la rebaja fiscal a la factura de la luz, el gas y algunos alimentos básicos; mientras que otros 4.200 procederían de la reducción en el gasto en ayudas sociales y energética. Así se refleja en el Plan Presupuestario que el Ejecutivo remitió a Bruselas el domingo, pero cuyo contenido reveló públicamente el lunes.

El Ejecutivo ha enviado a la Comisión Europea una planificación presupuestaria en la que no se extiende ninguna de las medidas de apoyo que han estado en vigor durante 2023 a 2024, a excepción de las subvenciones al transporte. No obstante, 2024 será todavía un año complicado económicamente, en el que los precios de la energía y los elevados tipos de interés seguirán lastrando a hogares y empresas. A sabiendas de ello, el Gobierno ha dejado claro que no descarta prorrogar algunas de las medidas de apoyo o adoptar nuevas si Pedro Sánchez logra reunir los apoyos para ser investido de nuevo. 

Según la planificación presupuestaria remitida a Bruselas, una retirada total de las medidas adoptadas en el marco de la guerra en Ucrania tendría un impacto en las cuentas de alrededor de 9.000 millones de euros, tanto al reducir gasto como al recuperar ingresos fiscales. Si decayera todo el apoyo energético, el impacto para el Estado rondaría los 5.700 millones de euros. De ellos, unos 4.600 procederían de la rebaja fiscal y las subvenciones a la factura de la luz y el gas. 

En concreto, el Ejecutivo cifra en 1.100 millones el aumento de ingresos que se produciría si se recupera el impuesto a la generación de electricidad (actualmente suspendido). También se recuperarían 1.032 millones en recaudación por el impuesto especial eléctrico (rebajado ahora al 0,5%) y otros 1.413 en IVA a la electricidad, gas, madera y pellets (reducido al 5%). 

A estos importes, habría que añadirle el fin de la subvención de 1.032 millones de euros a la Tarifa de Último Recurso (TUR) en la factura del gas y otros 112,5 millones de la rebaja en los peajes de acceso a las redes de electricidad. Finalmente, si no se renuevan las bonificaciones al carburante a transportistas, productores agrarios y buques pesqueros, sumarían otros 995 millones al ahorro.

Más allá del ámbito energético, hay otras medidas de apoyo que también decaerían con el consiguiente impacto para las cuentas públicas. La más destacada sería el final a la rebaja del IVA a determinados alimentos básicos, que devolvería 1.350 millones en ingresos en comparación con 2023.

También conviene recordar que en 2023 se aprobaron varios paquetes de ayudas directas con los que no se cuenta en 2024 en el Plan Presupuestario. En este apartado sobresalen los 973 millones de euros en subvenciones al sector primario; 333 millones invertidos en ayudas directas a rentas bajas; 167,5 millones en ayudas a refugiados ucranianos; 130 millones para el sector de la automoción o 100 millones para el transporte marítimo. Pero también se incluyen 82,5 millones en concepto de aumento en las subvenciones a los seguros agrarios, 72 millones en ayudas directas al transporte por carretera y otros 26 millones en subvenciones a empresas gasintensivas.

La retirada total y abrupta del apoyo energético abre un dilema importante y de difícil solución. Por un lado, es una petición de la Unión Europea, que lo dejó muy claro en las recomendaciones que hizo a España en mayo en el marco del Semestre Europeo. De hecho, los cálculos del Ejecutivo señalan que mantener el apoyo energético como está formulado actualmente es incompatible con reducir al déficit al 3%, como se ha comprometido con Bruselas. 

Pero, por el otro, retirar todo el apoyo de manera brusca producirá un nuevo rebote de la inflación y añadiría un lastre más al bolsillo de familias y empresas, ya muy golpeado por las subidas de precios de estos dos años. Un efecto que se dejaría notar en el crecimiento económico en un contexto ya de por sí de ralentización en Europa.

Funcionarios y subvenciones al transporte

Aunque el Gobierno apenas recoge nuevos gastos o medidas de ingreso en el Plan Presupuestario, hay algunas partidas clave que sí están incluidas. La más importante es la subida salarial para los empleados públicos de la AGE, que se cifra en 4.746 millones para el año que viene. El acuerdo alcanzado por Hacienda, UGT y CC OO prevé un alza del 2,5% en la retribución para 2024, con un 0,5% adicional en función de cuál sea la inflación y el crecimiento registrado el año próximo.

También están incluidas en este apartado los subsidios al transporte público, que estarán vigentes de nuevo en 2024. Los costes estimados ascienden a 1.440 millones de euros, de los cuales más de la mitad (760 millones) corresponden a transferencias del Estado a las comunidades y corporaciones locales para que rebajen ellos los precios de sus transportes. Además, se incluyen otros 600 millones en subsidios a Renfe para mantener la gratuidad de los servicios de Cercanías y Media Distancia también en 2024.

Sin embargo, el Plan Presupuestario no detalla explícitamente el gasto previsto en la revalorización de las pensiones, que se incluye dentro de la categoría Transferencias Sociales. A juzgar por las expectativas de la propia Seguridad Social, que prevé una revalorización con el IPC de más del 3,5%, el coste podría rondar los 6.000 millones adicionales.

A estos gastos hay que añadir otros 846 millones de euros en ingresos que el Estado dejará de percibir por las rebajas fiscales que entraron en vigor en 2023, pero que también estarán vigentes el próximo. Entre ellas, destacan el aumento en la reducción de rendimientos del trabajo en el IRPF (316 millones), la ampliación de la deducción por maternidad también en el IRPF (102 millones) o la rebaja del IVA a los productos de higiene femenina (3 millones). Además, la rebaja en el Impuesto de Sociedades a las pymes y el régimen especial en Baleares estarán otros 425 millones a la recaudación.

Este descenso de los ingresos quedará compensado por el incremento en la recaudación de otras partidas tributarias. Por ejemplo, se espera que el límite a la compensación de pérdidas para grupos empresariales en el impuesto de Sociedades aporte 609 millones de euros en ingresos. De igual modo, la subida del IRPF a las rentas más altas aportaría 204 millones adicionales y las medidas adoptadas por las autonomías en los tramos autonómicos del impuesto aportarán otros 170 millones.

Otras partidas ligadas a la reforma de las pensiones también mejorarán su recaudación. Una de ellas es la subida de las cotizaciones del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que aportará 780 millones el año próximo, o el destope de las bases máximas de cotización, que arrojará unos ingresos de 308 millones.