El Congreso cumple cinco meses de parálisis y sin control al Gobierno a la espera de la investidura

Primero vino la disolución de las Cortes por la convocatoria anticipada de elecciones generales, después las habituales vacaciones parlamentarias de agosto y, posteriormente, una investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y una negociación para la de Pedro Sánchez que no acaba de cerrarse. El caso es que el Congreso de los Diputados, entre unos avatares y otros, cumplirá en los próximos días cinco meses de inactividad legislativa, y no hay fecha aún para que vuelva a funcionar a pleno rendimiento: hasta que no se consiga formar Gobierno, las comisiones no echarán a andar ni tampoco habrá plenos de control al Ejecutivo.

Las anteriores Cortes Generales se disolvieron el 29 de mayo, cuando el presidente Pedro Sánchez aprobó el decreto de convocatoria de elecciones para el 23 de julio. El nuevo Congreso se constituyó el pasado 17 de agosto, en una sesión en la que todos los diputados juraron o prometieron sus cargos y en la que se eligió a Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja. Y, desde entonces, tan solo se han celebrado dos Plenos: uno para aprobar de manera exprés la reforma del reglamento del Congreso que blinda el uso de las lenguas cooficiales en el día a día parlamentario, y otro para la investidura fallida de Feijóo.

El PP se ha quejado públicamente de que el Congreso esté funcionando a medio gas y ha llegado a acusar a Armengol de haber "cerrado a cal y canto" la Cámara Baja. Los grupos parlamentarios están pudiendo registrar iniciativas con normalidad, pero los populares protestan porque el hecho de que no se hayan constituido la mayor parte de las comisiones legislativas impide que prosperen las peticiones de comparecencia de algunos ministros, y también han exigido que comiencen a celebrarse los Plenos semanales de control al Gobierno, en los que se pueden hacer preguntas orales a los miembros del Ejecutivo.

No obstante, Armengol rechaza acceder a las peticiones del PP hasta que haya una investidura exitosa. Fuentes de la Presidencia del Congreso argumentan que no tendría sentido que se constituyeran las comisiones legislativas antes de la formación del Gobierno porque, precisamente, estos órganos sirven para analizar, debatir, enmendar y votar las iniciativas legislativas relacionadas con cada una de las áreas ministeriales. Por ejemplo: no sería "lógico" —afirman estas fuentes— constituir una comisión de Derechos Sociales en el Congreso sin conocer si el Ministerio de Derechos Sociales seguirá existiendo o sus competencias las asumirá otro departamento.

Fuentes próximas a Armengol también se defienden ante las críticas por no convocar sesiones de control al Gobierno asegurando que, al estar en funciones, no es posible "fiscalizar" la acción del Ejecutivo. De hecho, la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara, se reunirá este martes, pero no está previsto que en esa reunión se apruebe aún el calendario de plenos para este periodo de sesiones, lo cual significa que, al menos a corto plazo, seguirá sin haber control del legislativo al Gobierno.

"El Tribunal Constitucional permite que se puedan realizar Plenos", pero solo "para hablar y fiscalizar al Gobierno en funciones", argumentan las fuentes de la Presidencia consultadas, que recuerdan que, "como recoge la ley, las atribuciones del Ejecutivo en funciones son facilitar el desarrollo del proceso de formación de un nuevo Gobierno, así como traspasar los poderes a este; limitar su gestión al 'despacho ordinario de los asuntos públicos' e, importante, abstenerse de adoptar otras medidas, 'salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique'". "Poca fiscalización cabe ahí", zanjan.

La sentencia a la que se refieren estas fuentes, no obstante, supuso en su día un varapalo para el recién relevado Gobierno de Mariano Rajoy, ya que en 2018 el Constitucional sentenció que había incumplido la ley en el año 2016 por haberse negado a someterse a sesiones de control en el Congreso argumentando exactamente lo mismo: que, al estar en funciones, no debía hacerlo. "El hecho de que un Gobierno esté en funciones no impide esa función [de control] de las Cámaras, en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad y esta no puede quedar exenta del control de las Cortes", planteaba la sentencia, que señalaba, eso sí, que la supervisión "habrá de adecuarse a la propia situación del Gobierno en funciones".

Una decena de iniciativas a la espera

En cualquier caso, al Congreso empiezan a acumulársele los deberes para cuando recupere su plena actividad y apruebe su calendario de sesiones plenarias. Los grupos parlamentarios han registrado ya 11 proposiciones de ley, si bien la Mesa de la Cámara —con los votos de PSOE y PP y el rechazo de Sumar— ha impedido siquiera que empiece a tramitarse una de ellas, del PNV, que quería reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar al ejercicio de su actividad institucional la inviolabilidad que la Constitución concede al rey. Ese cambio permitiría juzgar episodios como los que afectan al monarca emérito Juan Carlos I, que en España no puede ser encausado judicialmente.

Algunas de las iniciativas que esperan a ser debatidas y votadas por el Congreso son viejas conocidas de las últimas legislaturas. El mejor ejemplo es la largamente postergada reforma de la ley de secretos oficiales, una iniciativa que también ha registrado el PNV y que los nacionalistas vascos llevan intentando poner en marcha sin éxito desde 2016 con la intención de modificar la actual norma, aprobada en la dictadura franquista y que permite que los documentos clasificados lo estén eternamente, sin que el Gobierno tenga obligación de publicarnos pasadas unas décadas, como ocurre en buena parte de los países occidentales.

Asimismo, entre las primeras proposiciones de ley registradas en el Congreso se encuentran una para quitar al Tribunal Constitucional la capacidad de "actuar contra autoridades y funcionarios que incumplan sus sentencias", también del PNV; u otra de Sumar que plantea una primera regulación para las herramientas de inteligencia artificial que, entre otras cosas, supondría incluir en el Código Penal un nuevo tipo que castigue el uso no autorizado de esta tecnología para alterar la imagen corporal o la voz de un tercero.